Términos de Servicio de edubo

1. Quiénes somos y qué es edubo

1.1 edubo

edubo es una plataforma de gestión escolar: registro de asistencia, evaluación y calificaciones conforme al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta vigente en Costa Rica, comunicación con las familias, administración académica del centro, documentos escolares y herramientas para la dirección. Se ofrece a través del sitio web de edubo y de la aplicación para teléfonos iOS y Android (la «App»).

edubo no es un sistema oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP) ni de ninguna otra autoridad educativa, no está afiliado al MEP ni cuenta con su respaldo, y no reemplaza los registros, sistemas, actas ni formularios oficiales (entre ellos el SEA y el PIAD). Las referencias al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC) y a otras normas se incluyen para orientar el uso de la herramienta; la norma vigente, tal como la publica el Estado costarricense, prevalece siempre sobre cualquier implementación o texto de edubo.

1.2 La Empresa

La Empresa es una sociedad anónima costarricense, titular del Servicio, parte de este contrato y responsable de las obligaciones que aquí se asumen. A la fecha de entrada en vigencia de esta versión la sociedad se encuentra en proceso de constitución e inscripción en el Registro Nacional; su razón social y su cédula jurídica se publican en la cláusula 27 en cuanto queden inscritas. Mientras la inscripción no conste, lo actuado en nombre de la sociedad se rige por lo que el Código de Comercio dispone para la sociedad en formación, y las obligaciones de estos Términos y de la Política de Privacidad pasan a la sociedad desde su inscripción sin que los derechos de usted se vean reducidos por ese cambio (cláusula 26). Frente a quien recibió un comprobante electrónico de la Empresa, si la cláusula 27 no estuviera al día, prevalecen los datos de la Empresa que constan en ese comprobante.

Mientras la sociedad no conste inscrita en el Registro Nacional y como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda, y la cláusula 27 no publique su razón social, su cédula jurídica, su domicilio y un correo para reclamos, la Empresa no cobra ni factura ningún plan: los planes de pago se contratan únicamente a partir de ese momento, y lo que la plataforma otorgue antes se otorga como cortesía, sin ningún cobro posterior ni retroactivo por ese tiempo. Si por error se recibiera un pago antes de ese momento, la Empresa lo devuelve íntegro, por el mismo medio de pago, dentro de los ocho (8) días naturales siguientes a conocerlo o a que quien pagó lo pida, y mantiene la licencia como cortesía por el ciclo lectivo pagado. Hasta ese mismo momento, la Empresa tampoco habilita la matrícula en línea (cláusula 13.9), ninguna otra función por la que personas sin cuenta en el Servicio registren sus datos a través de un enlace, ni el módulo de cobros de un colegio privado (cláusula 9).

1.3 Las personas consumidoras

Para los efectos de estos Términos, es persona consumidora toda persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta edubo como destinataria final en los términos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472): la persona docente que contrata un plan, la familia y la persona estudiante que usan la cuenta que el centro les crea, y el centro educativo privado que contrata un plan para su propia operación. A las personas consumidoras les aplican íntegramente la Ley 7472, su Reglamento y las demás normas de orden público de Costa Rica. Ninguna cláusula de estos Términos limita, condiciona ni renuncia a esos derechos; si alguna pudiera leerse así, se aplicará solo en lo que la ley permita y, en caso de duda, se interpretará a favor de la persona consumidora.

2. Aceptación de estos Términos

2.1 Cómo se aceptan

Usted acepta estos Términos y la Política de Privacidad al marcar la casilla «Leí y acepto los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de edubo» al crear su cuenta y cada vez que inicia sesión, en la web y en la App. Esa aceptación es un acto expreso, informado y afirmativo, con plena validez jurídica como manifestación de voluntad por medios electrónicos conforme a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley 8454), que reconoce a los documentos electrónicos equivalencia funcional y fuerza probatoria, y a las reglas sobre formación del consentimiento del Código Civil y del Código de Comercio de Costa Rica. Usted puede leer, descargar e imprimir estos Términos en cualquier momento desde esta página, y conservar una copia. Con ella se forma su contrato con la Empresa y, respecto de los datos de los que la Empresa es responsable (sección 1.2 de la Política de Privacidad), usted da su consentimiento para el tratamiento que esa Política describe. No es el consentimiento expreso que la Ley 8968 exige para tratar un dato sensible, como un dato de salud: ese consentimiento se da por separado, ante el centro educativo como responsable de su base de datos, y no se deduce de esta casilla.

Conservamos una constancia de cada aceptación: la cuenta, la fecha y la hora, la versión de cada documento aceptada, el tipo de cliente (web, iOS o Android), la versión de la App, la dirección IP y el navegador o dispositivo desde donde se aceptó. Esa constancia es prueba de la aceptación de quien tiene capacidad para contratar y se conserva mientras exista la cuenta y durante los plazos de prescripción aplicables. En la cuenta de una persona estudiante menor de edad no hay aceptación: la constancia solo prueba qué versión de estos Términos y de la Política de Privacidad se le mostró y cuándo, y no es prueba de ningún consentimiento ni de ninguna obligación de la persona estudiante.

2.2 Quién puede aceptarlos

Para crear una cuenta por el registro público (como docente o dirección) o aceptar estos Términos en nombre propio usted debe ser mayor de edad (dieciocho años) y tener capacidad legal para contratar. Si acepta en nombre de un centro educativo privado, de una red de centros o de otra organización, declara y garantiza que tiene la autoridad necesaria para obligarla, y «usted» se refiere entonces también a esa organización; quien acepta sin esas facultades responde personalmente de las obligaciones que asume, conforme al Código Civil. Una persona estudiante menor de edad no acepta estos Términos ni en nombre propio ni en nombre de nadie, y nada de lo que marque o haga al entrar se interpreta como una aceptación; su situación se rige por la cláusula 2.3. Para los efectos de estos Términos, mientras el centro no registre una fecha de nacimiento que acredite que la persona estudiante cumplió dieciocho años, se la tiene por menor de edad.

2.3 Las personas estudiantes menores de edad

La cuenta de una persona estudiante es una cuenta de uso que el centro educativo crea dentro de su propia cuenta institucional. Quien contrata con la Empresa es el centro educativo, que registra a la persona estudiante con una base legítima (cláusula 5) y se obliga a entregarle sus credenciales solo después de haber informado a quien ejerce su representación legal y de haber obtenido su consentimiento conforme al Anexo B de la Política de Privacidad, y a conservar la constancia de ese consentimiento (cláusula 6 y Anexo A). Quien autoriza el tratamiento de los datos de la persona estudiante menor de edad es quien ejerce su representación legal (cláusula 5). Cuando una persona estudiante menor de edad marca la casilla al entrar, ese gesto es una toma de conocimiento de las reglas de uso y una constancia de la versión que se le mostró, y nada más: no es una aceptación de estos Términos, no forma ningún contrato, no es el consentimiento para el tratamiento de sus datos y no le atribuye a la persona estudiante ninguna obligación contractual. Las reglas de uso aceptable de la cláusula 12 se aplican a su cuenta como condiciones del Servicio que contrató el centro, que vela por ellas conforme a la normativa educativa. Quien ejerce su representación legal puede pedir al centro, en cualquier momento, que la persona estudiante deje de usar una cuenta propia en edubo, y ejerce los derechos sobre sus datos conforme a la sección 10 de la Política de Privacidad. Desde que la persona estudiante cumple dieciocho años, la casilla que marca al entrar es su aceptación de estos Términos, y asume desde entonces las obligaciones de una persona usuaria.

Si usted es una persona encargada, la casilla que marca al entrar es su aceptación de estos Términos como persona usuaria de la cuenta que el centro le creó. No es el consentimiento para el tratamiento de los datos de su hijo o hija, que usted da por escrito al centro educativo (Anexo B de la Política de Privacidad), y no condiciona ningún derecho suyo ni de la persona estudiante: lo que la ley le reconoce frente al centro, incluido el derecho a recibir del centro la información que concierne a su hijo o hija, no depende de que use edubo ni de que marque esta casilla. Marcarla no le impone otras obligaciones que las de una persona usuaria (cláusulas 4 y 12), y no limita los derechos que la Ley 7472 y la Ley 8968 le reconocen.

2.4 Los centros educativos públicos

Si el centro educativo es un centro público del Ministerio de Educación Pública, se aplican además estas reglas: (a) la aceptación de estos Términos por su dirección o por su personal docente se refiere al uso del Servicio como herramienta de apoyo en el ejercicio de sus funciones, dentro del plan gratuito, y no constituye un contrato de adquisición de bienes o servicios en nombre del Estado ni compromete fondos públicos. Respecto de los datos que el centro registra, la Administración es la responsable de su base de datos por disposición de la Ley 8968 y de la normativa que la rige, con independencia de esa aceptación, y la Empresa asume frente a ella y frente a cada persona titular, como obligaciones propias y aunque la Administración no haya firmado ningún otro documento, las obligaciones de encargado del tratamiento del Anexo A. Un convenio que el Ministerio de Educación Pública, la Dirección Regional o la Junta de Educación celebren con la Empresa prevalece sobre esta cláusula en lo que la complemente; (b) la contratación de un plan de pago por un centro público solo puede celebrarla su Junta de Educación o su Junta Administrativa, u otra entidad pública con competencia para hacerlo, conforme a la Ley de Juntas de Educación (Ley 10631), a la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) y a la normativa que rige a esas juntas, y se formaliza en el documento que ese procedimiento produzca, el cual prevalece sobre esta cláusula en lo que la complemente; (c) la Empresa factura a una Junta de Educación, a una Junta Administrativa o a otro ente público únicamente contra la orden de compra, el acuerdo de su órgano competente o el documento que su procedimiento de contratación produzca, con el número que lo identifique, y conserva ese documento junto con la factura y el comprobante del pago. Si un pago con fondos públicos llega sin ese documento, la Empresa no activa la licencia, pide el documento por escrito y, si no lo recibe dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, devuelve el pago íntegro a la cuenta de origen dentro de los diez (10) días hábiles posteriores. Si, después de haber recibido el Servicio, el ente público comunica que la contratación no se ajustó a su procedimiento, o la autoridad competente la declara irregular, la Empresa devuelve lo pagado menos el valor de lo ya prestado hasta la fecha de esa comunicación, calculado en proporción al tiempo de la licencia como en la cláusula 19.3, salvo que la autoridad competente disponga otra cosa; (d) quien acepta estos Términos o contrata en nombre de una junta o de otra entidad pública declara que cuenta con el acuerdo de su órgano competente, y responde conforme al régimen de responsabilidad de la persona funcionaria que establece la Ley General de la Administración Pública; (e) la verificación de la Empresa se limita a la existencia del documento del punto (c): la Empresa no audita ni sustituye los controles internos del ente público, que sigue siendo responsable de su procedimiento; y (f) cuando una persona docente o de dirección crea la cuenta institucional de un centro público, o una persona docente de un centro público contrata Conecta a título personal (cláusula 7.1), la Empresa la trata como una persona que actúa en ejercicio de su función y no como titular ni como responsable de los datos del centro: la cuenta y la licencia habilitan funciones del Servicio sobre registros que siguen bajo la responsabilidad de la Administración conforme al punto (a), no le transfieren ninguna obligación del responsable ni del encargado del tratamiento, y su responsabilidad por lo que hace en el Servicio en ejercicio de su función se rige por la Ley General de la Administración Pública. Mientras el centro no tenga una dirección registrada en el Servicio, la Empresa dirige los avisos del Anexo A a la persona que creó la cuenta institucional, que los recibe en ejercicio de su función, y al correo de contacto del centro, si lo hay. Si la Administración comunica a la Empresa que no autoriza el uso de edubo en el centro, la Empresa deja de prestar el Servicio a ese centro, o lo limita como la Administración indique, pone la información a disposición de la Administración conforme a las cláusulas 19.4 y 19.5 y a sus instrucciones, y devuelve a la persona docente lo pagado por el tiempo de licencia que falte.

2.5 Si cambian

Podemos modificar estos Términos conforme a la cláusula 24. Cuando haya un cambio, la próxima vez que entre deberá volver a aceptarlos para seguir usando el Servicio; si tiene una licencia pagada y no está de acuerdo con el cambio, tiene las opciones que le da la cláusula 24. El Servicio registra qué versión aceptó cada cuenta y cuándo. En la cuenta de una persona estudiante menor de edad, un cambio no le pide ninguna aceptación: la casilla que marca al entrar después del cambio es, como dice la cláusula 2.3, una toma de conocimiento de la versión nueva, y el aviso del cambio que la Empresa da conforme a la cláusula 24 llega también a la dirección del centro o, en un centro sin dirección activa en el Servicio, a su personal docente, para que lo comunique a quien ejerce la representación legal.

3. Definiciones

La Empresa

La sociedad anónima costarricense que presta el Servicio, identificada en la cláusula 27 (cláusula 1.2).

Centro educativo o Institución

La escuela, el colegio u otro centro de enseñanza que usa edubo. En un centro público, es la dependencia del Ministerio de Educación Pública que lo administra, representada por su dirección; su Junta de Educación o Administrativa es quien contrata un plan de pago. En un centro privado, es la persona jurídica o física propietaria del centro, representada por su dirección o por la persona que creó y administra la cuenta institucional; cuando el centro pertenece a una persona física, es esa persona propietaria quien asume las responsabilidades del centro.

Red

Una organización que administra varios centros educativos (una sociedad o grupo propietario de colegios, una entidad patrocinadora o una dependencia pública con competencia sobre ellos) y que contrata el plan Red para leer de forma agregada los números de sus sedes (cláusula 10).

Junta de Educación

La Junta de Educación o la Junta Administrativa de un centro educativo público, órgano con personería jurídica y patrimonio propios conforme a la Ley de Juntas de Educación (Ley 10631), que es quien contrata y paga por el centro.

Cuenta institucional

El espacio de un centro educativo en edubo, que es la frontera de aislamiento de su información: un centro nunca ve los datos de otro.

Usuario o Persona usuaria

Toda persona con una cuenta en edubo: personal de dirección, personal docente, estudiantes, familiares o personas encargadas, administración de una red, administración de un colegio privado y personal de la plataforma.

Persona consumidora

Quien adquiere, utiliza o disfruta el Servicio como destinatario final, en los términos de la Ley 7472 (cláusula 1.3).

Persona encargada o Familia

La madre, el padre, la persona tutora o la persona encargada legal de un estudiante, y quien el centro registre como contacto de la familia.

Contenido del Usuario

Todo lo que un Usuario o el centro educativo registra o sube a edubo: datos de personas (incluidos los de estudiantes menores de edad y los de sus familias), listas de asistencia, calificaciones, observaciones, mensajes, comunicados, documentos, comprobantes, resoluciones, fotografías, videos, audios y cualquier otro archivo.

Bitácoras

Los registros que el Servicio conserva de quién registró, subió, cambió, compartió o abrió cada dato o archivo, con la fecha y la hora (cláusula 13.10).

Proveedor de pagos

La pasarela de pagos costarricense a través de la cual se procesan los pagos en línea de los planes de edubo (actualmente ONVO Pay), sujeta a sus propios términos. Para los cobros de un colegio privado a sus familias (cláusula 9), es la pasarela con la que el propio centro contrate su cuenta de comercio, sujeta igualmente a sus propios términos y a su propia regulación.

Planes

Aula (gratuito), Conecta, Escuela y Red, descritos en la cláusula 7 y en la portada de edubo.

Licencia

El derecho de uso de un plan de pago para un ciclo lectivo determinado.

Ciclo lectivo

El año escolar costarricense, que coincide con el año calendario.

Ley 8968

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales de Costa Rica y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 37554-JP).

Ley 7472

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica y su Reglamento.

Código de la Niñez

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (Ley 7739).

Normativa educativa

La Ley Fundamental de Educación (Ley 2160), el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC, Decreto Ejecutivo 45509-MEP), el Reglamento de Matrícula y Traslados de los Estudiantes (Decreto Ejecutivo 40529-MEP), la normativa de los centros docentes privados y de las Juntas de Educación, y las demás normas, circulares y protocolos del Ministerio de Educación Pública que rigen a los centros educativos.

4. Las cuentas y los roles

4.1 Cómo nace una cuenta

Una persona docente o de dirección puede crear su propia cuenta y, con ella, la cuenta institucional de su centro, eligiéndolo del catálogo oficial de centros educativos del MEP. Las cuentas del resto del personal, de los estudiantes y de las familias las crea siempre el centro educativo dentro de su cuenta institucional. Las cuentas de administración de una red las crea la plataforma a pedido de la red.

Cada cuenta pertenece a UNA institución (o a una red), salvo las de la plataforma. Quien crea una cuenta para otra persona declara que tiene autoridad para hacerlo y que la persona (o, si es menor de edad, quien ejerce su representación legal) está informada.

4.2 Sus credenciales

Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de su código de acceso, y responde por la actividad realizada con sus credenciales hasta que avisa a la Empresa o al centro de un uso no autorizado. No responde por lo que ocurra después de ese aviso ni por un acceso que se deba a una falla de seguridad del Servicio. Si la Empresa le atribuye una actividad registrada en su cuenta y usted niega haberla realizado, corresponde a la Empresa acreditar, con las Bitácoras (cláusula 13.10), que se hizo con sus credenciales; a su pedido, la Empresa le entrega la constancia que las Bitácoras permitan. No comparta sus credenciales, no use las de otra persona y no permita que terceros accedan con su sesión. Si sospecha un acceso no autorizado, cambie su contraseña de inmediato y avise al centro educativo y a la Empresa. Acceder a una cuenta ajena, a datos a los que no se tiene derecho o suplantar la identidad de otra persona puede constituir los delitos informáticos que tipifica el Código Penal de Costa Rica (entre ellos, los artículos 196 bis, 229 bis y 230).

El código de acceso y la clave temporal que el centro imprime y entrega en papel (por ejemplo, en la boleta de matrícula) son credenciales: quien los recibe debe guardarlos como tales. El centro educativo es responsable de entregarlos a la persona correcta. La clave temporal es de un solo uso y debe cambiarse al entrar. Lo mismo vale para el enlace privado de una solicitud de matrícula en línea (cláusula 13.9).

edubo abre una sesión por dispositivo y puede cerrar sesiones por seguridad (por ejemplo, ante un token reutilizado o un cambio de contraseña). En una computadora compartida, cierre la sesión al terminar. Quién responde por el uso que una persona estudiante menor de edad haga de las credenciales que se le entregaron lo determina únicamente la ley civil; estos Términos no crean ni amplían, respecto de ese uso, ninguna responsabilidad de la persona estudiante ni de quien ejerce su representación legal, y no obligan a quien no los ha aceptado.

4.3 Información veraz

La información de su cuenta debe ser verdadera y estar actualizada. No está permitido hacerse pasar por otra persona ni por un centro educativo, ni crear cuentas con datos falsos. La Empresa no verifica la identidad de las personas que un centro registra: esa verificación es responsabilidad del centro.

4.4 Lo que cada rol puede hacer

Lo que cada cuenta puede ver y hacer lo decide su rol y su centro, conforme a las reglas de acceso del Servicio descritas en la Política de Privacidad: la dirección ve su centro, y también lo ve el personal docente de un centro que no tiene una dirección activa en el Servicio, que lo administra; cada docente, sus secciones; cada familia, solo a sus propios hijos o hijas; la administración de un colegio privado, sus cobros; la administración de una red, los números agregados de sus sedes. Intentar acceder a información fuera del alcance de su rol es una violación de estos Términos.

4.5 Una persona en varias escuelas

Una persona docente o de dirección puede usar una sola cuenta de entrada (su correo y su contraseña) para varias escuelas, con un perfil en cada una. Cada perfil pertenece a la base de datos de su escuela y lo administra esa escuela; la cuenta de entrada, sus sesiones y sus constancias de aceptación pertenecen a la persona y de ellas es responsable la Empresa (Política de Privacidad, sección 1.2). Al cambiar de escuela, el Servicio abre una sesión nueva en el perfil elegido y nada de una escuela se muestra en otra; una escuela no ve en qué otras escuelas trabaja la persona ni lo que hace en ellas. Una escuela solo se suma a una cuenta con el consentimiento de la persona: aceptando la invitación de su dirección (lo que le hace saber a esa escuela que la persona tiene cuenta en edubo), juntando una cuenta anterior con su contraseña, o creando la escuela. Juntar dos cuentas es irreversible respecto de las credenciales de la cuenta juntada y queda registrado; la Empresa conserva esa constancia como prueba de que la persona lo hizo. Cuando una persona tiene varias escuelas, ninguna dirección puede cambiar su correo, su contraseña ni su teléfono de entrada ni darle una clave temporal: esas credenciales son de la persona y las recupera ella o la Empresa. La dirección de cada escuela sigue administrando, en su escuela, el perfil, las materias y la baja de la persona. Una escuela que no tiene plan de pago puede quedar en pausa para la persona conforme a las reglas de los planes publicadas en el Servicio, que la Empresa le explica dentro del Servicio con el motivo y la forma de volver a usarla; la pausa no borra nada y la persona conserva su escuela gratuita.

4.6 Varias cuentas institucionales de un mismo centro

Si dos o más cuentas institucionales están enlazadas al mismo centro educativo del catálogo del MEP (por ejemplo, porque dos personas docentes de la misma escuela crearon cada una la suya), cada cuenta es una base de datos separada: comparten únicamente la licencia de un plan Escuela o Red (cláusula 7.2), y lo que se registra en una, incluidos los expedientes de los estudiantes y los permisos del personal, no se muestra en la otra. Cada cuenta la administra su propia dirección o, mientras no la tenga, su personal docente conforme a la cláusula 4.4. La Empresa ve qué cuentas están enlazadas a un mismo centro para administrar los planes y dar soporte, y no une dos cuentas institucionales sin la decisión de quien administra cada una.

5. Estudiantes menores de edad

edubo se usa con estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en su mayoría menores de edad. Sus cuentas y sus datos existen en edubo únicamente porque el centro educativo los registra para cumplir su función educativa, y bajo la responsabilidad del centro. La Empresa respeta el interés superior de la persona menor de edad y sus derechos a la integridad, a la privacidad, al honor y a la propia imagen que reconocen el Código de la Niñez (entre otros, sus artículos 5, 24, 25, 26 y 27) y el Código Civil (artículo 47).

• El centro educativo declara que registra a cada estudiante con una base legítima conforme a la Ley 8968 y al Código de la Niñez, y que ha informado a quien ejerce su representación legal sobre el uso de edubo, en los términos del Anexo A y de la Política de Privacidad. La Empresa pone a disposición un modelo de aviso y de consentimiento para las familias (Anexo B de la Política de Privacidad).
• Quien autoriza y supervisa el uso de la cuenta de una persona estudiante menor de edad, y quien consiente el tratamiento de sus datos, es quien ejerce su autoridad parental o su representación legal conforme al Código de Familia (madre, padre, tutor o persona encargada designada por resolución), no cualquier contacto de la familia. La responsabilidad de esa persona por el uso de la cuenta es la que establece la ley civil, sin que estos Términos la amplíen ni la impongan a quien no los ha aceptado.
• Las fotografías, los videos y los audios en los que aparece un estudiante los sube el personal del centro, con la autorización de imagen que quien ejerce la representación legal otorga al centro, conforme a la cláusula 13.5.
• La Empresa no dirige publicidad a menores de edad, no vende sus datos, no elabora perfiles con fines comerciales y usa su información exclusivamente para prestar el Servicio al centro. edubo no es un espacio abierto ni un proveedor de acceso a internet: una persona estudiante no recibe en él contenido de terceros ni de personas ajenas a su centro, solo lo que su centro y su familia le dirigen. El centro puede revisar, corregir y pedir la eliminación de los datos de un estudiante en cualquier momento, con los límites que la normativa educativa le impone sobre la conservación del historial escolar.
• Si usted es una persona encargada y considera que la cuenta de su hijo o hija existe sin la autorización que la ley exige, que su imagen está en edubo sin su autorización, o quiere ejercer sus derechos sobre esos datos, puede dirigirse al centro educativo, que es el responsable, a la Empresa por los medios de la cláusula 27, o a ambos. Si se dirige a la Empresa, la Empresa remite al centro, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, lo que le corresponde resolver al centro, se lo informa a usted y actúa por sí misma en lo que le impone la cláusula 13.7.

6. Responsabilidades del centro educativo

Al usar edubo, el centro educativo (y la persona que lo representa ante nosotros) asume las siguientes responsabilidades, que son esenciales para este contrato:

• Ser el responsable de su base de datos. El centro decide qué datos de estudiantes, familias y personal registra, con qué fines y por cuánto tiempo, y es el responsable de esa base de datos ante las personas y ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), con las obligaciones y las sanciones que la Ley 8968 impone al responsable. En un centro público, el responsable es la Administración (la dependencia del Ministerio de Educación Pública), representada por su dirección, y sus registros son documentos públicos sujetos a la normativa de archivo y conservación que le aplica; el personal que registra datos de la Administración en edubo declara contar con las autorizaciones internas que su Administración exija. La Empresa actúa como encargado del tratamiento por cuenta del centro, conforme al Anexo A.
• Contar con las autorizaciones necesarias. El centro obtiene y conserva los consentimientos informados y las demás bases legales que exijan la Ley 8968 y el Código de la Niñez para tratar los datos personales, incluidos los datos sensibles (salud, adecuaciones, condición socioeconómica) y la imagen de las personas menores de edad, y para alojarlos en servidores ubicados fuera de Costa Rica, e informa a las familias con el aviso del Anexo B de la Política de Privacidad o uno equivalente. La autorización de imagen se obtiene por escrito de quien ejerce la representación legal del estudiante antes de que el personal suba una fotografía, un video o un audio en que se le pueda reconocer, conforme al artículo 47 del Código Civil, a la Ley 8968 y a los criterios del Ministerio de Educación Pública sobre la protección de la imagen de las personas menores de edad.
• Responder por lo que registra o sube su personal. Los documentos, los datos de estudiantes y de sus familias, las fotografías, los videos y los audios que el personal del centro registra o sube a edubo son contenido del centro, registrado por instrucción del centro y en ejercicio de su función: el centro garantiza que cuenta con los derechos y las autorizaciones que exige la cláusula 13.4, que lo comparte solo con quien corresponde, y responde por él frente a las personas afectadas y frente a la Empresa, de forma solidaria con la persona que lo registró o lo subió, conforme a los artículos 1045 y 1048 del Código Civil. Cuando el centro no tiene dirección registrada en edubo, esas responsabilidades las asume la persona que creó y administra la cuenta institucional; en un centro público, con el régimen de responsabilidad del funcionario y de la Administración que establece la Ley General de la Administración Pública. Esta responsabilidad se refiere a la veracidad, la licitud y la autorización de lo que el personal registra o sube, y al uso que una persona del centro da a la información que su rol le muestra (por ejemplo, comentarla con quien no corresponde, o imprimirla y dejarla al alcance de otras personas). No se refiere a las reglas de acceso con que el Servicio muestra cada dato a cada rol: esas reglas las diseña la Empresa, y un defecto en ellas es su hecho propio (cláusula 13.3). Tampoco hace responsable a una persona del personal por haber registrado un dato sobre sí misma para su propio trámite ante el centro.
• Registrar información exacta. El centro responde por la exactitud de lo que registra: nombres, identificaciones, matrículas, asistencia, calificaciones, incidencias de conducta, datos de salud, personas autorizadas a retirar a un estudiante, medidas judiciales o administrativas, y cualquier otro dato. edubo no verifica esa información. Cuando el centro habilita la matrícula en línea, verifica la identidad de quien la llena, los documentos originales y la facultad para matricular antes de aceptar cada solicitud, y responde por una matrícula aceptada sin esa verificación. El Servicio le presenta lo declarado en la boleta tal como se escribió y no verifica su veracidad; esa verificación, que incluye quién ejerce la representación legal y la identidad de cada persona nombrada en la boleta, es del centro conforme al Reglamento de Matrícula y Traslados de los Estudiantes, cualquiera que sea el medio por el que la boleta le llegue, y las confirmaciones que el centro registra en el Servicio (por ejemplo, que vio un documento original) son declaraciones del centro de haberla hecho.
• Avisar de inmediato a la familia. Ante un accidente, una enfermedad o cualquier situación que afecte la salud o la integridad de una persona estudiante, el centro avisa de inmediato a su familia por teléfono o por el medio más rápido del que disponga, conforme a sus protocolos y a la normativa educativa, sin esperar a que la familia lea nada en edubo. El registro de un accidente en edubo es una constancia posterior y no sustituye ese aviso (cláusulas 11.4 y 11.6). El centro conserva por sus propios medios la prueba de que avisó, y responde por el aviso que no dio o que dio tarde y por la exactitud de lo que su personal declara en edubo sobre la comunicación con la familia.
• Registrar los vínculos, las restricciones y la lista de quién puede retirar, sin demora. El centro registra el vínculo entre cada estudiante y sus personas encargadas con base en la documentación que la familia le entrega, y retira el vínculo de quien deje de tener derecho a él. Cuando recibe, por cualquier medio, una resolución judicial o administrativa que limite el acceso de una persona a la información o a la persona estudiante, el centro deja constancia de la fecha y la hora en que la recibió, entrega un acuse a quien la presentó y registra la restricción en edubo de inmediato y, a más tardar, el mismo día hábil en que la recibió; mientras valora el documento, o ante una situación de riesgo para la persona estudiante, puede registrar una restricción preventiva por decisión fundada del centro. El centro se organiza para que su dirección, o quien administra la cuenta institucional, pueda hacerlo todos los días lectivos. Además, quita de la lista de quién puede retirar a un estudiante, a más tardar el día hábil siguiente a recibir el pedido, a la persona que quien ejerce su representación legal pida retirar por escrito, salvo que esa persona ejerza también la autoridad parental, caso en que se aplica lo dicho sobre las resoluciones; conserva ese pedido; revisa y confirma la lista al matricular y cada vez que la cambia; y, al entregar a un estudiante, aplica su propio protocolo de verificación de la identidad y de la vigencia de la autorización, sin apoyarse únicamente en lo que el Servicio muestra (cláusula 11.5). El centro responde, conforme a la ley que le aplica, por la información a la que una persona accedió o dejó de acceder, y por la entrega de un estudiante a una persona, como consecuencia de un vínculo, una restricción o una autorización de retiro registrados tarde, mal o no registrados (cláusula 11.9), sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por su propio hecho.
• Cumplir la normativa educativa. El cumplimiento del REAC y de las demás normas del MEP (plazos, procedimientos, garantías del debido proceso en materia de conducta, comunicación y notificación a las familias, actas y registros oficiales, conservación del expediente escolar) es responsabilidad exclusiva del centro y de su personal. edubo es una ayuda para llevar esos registros, no una garantía de cumplimiento.
• Decidir sobre la tabla de evaluación. El centro aplica a cada materia la tabla de evaluación nacional que el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta establece para su nivel, y ajusta o arma una tabla propia únicamente en los casos en que la normativa educativa lo permite. Antes de ajustarla, y antes de cerrar un periodo con una tabla ajustada, el centro la compara con la tabla nacional de esa materia, verifica que cada componente y cada porcentaje correspondan a lo que la normativa le autoriza e informa a las familias de las secciones afectadas. La decisión de ajustar una tabla y las calificaciones que de ella resulten son actos del centro, que responde por ellos conforme a la ley.
• Verificar antes de transcribir y antes de decidir. Antes de pasar cualquier cifra a un sistema o documento oficial, y antes de tomar una decisión que afecte a un estudiante (promoción, calificación, sanción, entrega a una persona), el centro verifica la información con sus propios registros y criterio profesional.
• Administrar sus cuentas. El centro crea, mantiene y da de baja las cuentas de su personal, sus estudiantes y sus familias; entrega las credenciales a la persona correcta; retira el acceso a quien deja el centro; y revisa quién tiene qué rol. Cada persona consulta el Servicio con su propia cuenta: el centro no presta cuentas ni permite que alguien consulte la información de un estudiante, incluida la lista de quién puede retirarlo, con la cuenta de otra persona (cláusula 4.2).
• Denunciar lo que la ley le obliga a denunciar. El deber de denunciar el maltrato, el abuso, la agresión o el acoso contra una persona menor de edad que impone el artículo 49 del Código de la Niñez, y los demás deberes de denuncia de la normativa educativa, son del personal del centro y se cumplen ante las autoridades competentes por los medios que la ley establece: anotar un hecho en edubo no es denunciarlo, y edubo no es un sistema de detección (cláusula 11.11).
• Usar el Servicio solo para su función educativa, y asegurarse de que su personal lo usa conforme a estos Términos.
• Contratar conforme a sus propias reglas. Un centro público, una Junta de Educación, una Junta Administrativa o un Patronato Escolar contrata un plan de pago conforme a la normativa de contratación y de manejo de fondos que lo rige (cláusulas 2.4 y 7.4). La Empresa verifica únicamente que exista el documento de contratación de la cláusula 2.4 antes de facturar, y no audita ni sustituye los controles internos del ente que contrata. En un centro público, ninguna familia puede ser obligada a pagar por el uso de edubo ni a usarlo como condición para recibir información de su hijo o hija, conforme a la gratuidad de la educación pública que garantiza el artículo 78 de la Constitución Política.

El MEP y las demás autoridades educativas no son parte de este contrato. La Empresa no responde ante el centro por las consecuencias de incumplir obligaciones que la normativa educativa impone al centro o a su personal. En un centro público, las responsabilidades de esta cláusula se cumplen y se exigen conforme a la Ley General de la Administración Pública (cláusula 22.2).

7. Los planes, las licencias y los pagos

7.1 Los planes

edubo se ofrece en cuatro planes. Aula es gratuito y permite a una persona docente o a un centro llevar su trabajo del aula sin costo. Conecta habilita las funciones hacia la casa (el acceso de las familias, los mensajes, los comunicados y los avisos) para las secciones de una docente. Escuela habilita las herramientas de la dirección para todo el centro. Red permite a una organización leer, de forma agregada, los números de varios centros. Qué incluye cada plan, su precio vigente y sus condiciones se publican en la portada de edubo y en la pantalla del plan dentro del Servicio, forman parte de estos Términos y obligan a la Empresa en los términos de la Ley 7472.

La Empresa puede cambiar qué funciones incluye cada plan, agregar o retirar funciones y modificar el plan gratuito, con el aviso de la cláusula 24. Un cambio que reduzca lo que incluye una licencia ya pagada no se aplica a esa licencia durante su vigencia, y si un cambio sustancial perjudica a quien la pagó, puede terminarla con devolución proporcional. Un plan de pago nunca esconde lo que ya se registró: el centro que deja de pagar sigue viendo y exportando su información.

Las familias nunca pagan por edubo. En un centro público, ningún costo de edubo puede trasladarse a una familia ni condicionar ningún derecho educativo; no usar edubo no afecta la matrícula, la evaluación, la asistencia ni la comunicación que la normativa educativa garantiza a cada familia por los medios habituales del centro. Una persona docente de un centro público que contrata Conecta lo hace a título personal, como un gasto propio, sin ninguna relación de agencia con la Empresa, y no puede pedir ni recibir de las familias dinero para pagarlo.

7.2 La licencia es por ciclo lectivo

Los planes de pago se contratan por ciclo lectivo (un año calendario) y no son suscripciones de renovación automática. La licencia de un ciclo cubre ese año y sigue vigente hasta el 31 de enero del año siguiente, para que puedan leerse e imprimirse los documentos de cierre. Al terminar, el centro o la docente deciden si contratan el ciclo siguiente; no se cobra nada sin una nueva contratación.

Conecta cubre todas las secciones de la docente que lo contrata durante ese ciclo, incluidas las que se le asignen después. Escuela y Red se contratan según el tamaño del centro o de la red y se cotizan; su contratación puede formalizarse en un documento aparte, que prevalece sobre esta cláusula en lo que la complemente.

Cuando una licencia Escuela o Red se otorga a una cuenta institucional, vale para todas las cuentas enlazadas al mismo centro educativo del catálogo del MEP; cuando se otorga a una red, vale para todas sus sedes mientras lo sean.

7.3 Precios, factura electrónica e impuestos

Los precios se publican y se cobran en colones costarricenses (₡), y el comprobante electrónico expresa el monto conforme a la normativa tributaria. Desde su inscripción en el Registro Nacional y como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, con la razón social y la cédula jurídica que se publican en la cláusula 27, la Empresa emite el comprobante electrónico (factura o tiquete electrónico) por cada licencia que cobra, conforme a la normativa de comprobantes electrónicos vigente, a nombre de quien paga y en el momento en que esa normativa lo exige, y lo envía al correo electrónico registrado en su cuenta o al que indique quien contrata. Si no lo recibe, puede pedirlo por el correo de la cláusula 27 y se le reenvía dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Mientras la cláusula 27 no publique la razón social, la cédula jurídica y un correo para estas gestiones, la Empresa no cobra ninguna licencia (cláusula 1.2).

Los servicios de edubo están sujetos al impuesto al valor agregado (IVA) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley 6826, reformada por la Ley 9635), a la tarifa general vigente. El precio de Conecta que se publica para una persona física es el precio final: incluye el IVA; la pantalla del plan lo muestra así antes de que usted pase a la página de pago, y el comprobante electrónico detalla el monto del impuesto. Los precios de Escuela y Red, que se cotizan a centros educativos y organizaciones, se expresan sin IVA, que se agrega en la factura con la tarifa vigente, salvo que quien contrata acredite una exención que la ley le reconozca (cláusula 7.4). Toda retención que la ley imponga a quien paga a cuenta de impuestos de la Empresa se documenta con su comprobante de retención y se tiene por parte del pago.

La Empresa puede cambiar los precios para ciclos futuros. Un cambio de precio no afecta las licencias ya pagadas. Las ofertas y promociones tienen las condiciones y la vigencia que se publican con ellas, y pueden terminar o modificarse en cualquier momento para quien aún no las haya contratado.

7.4 Centros públicos, Juntas de Educación y otros entes públicos

La cotización que la Empresa envía a una Junta de Educación, a una Junta Administrativa o a otro ente público identifica estos Términos por su fecha de vigencia, incluye el enlace para leerlos e imprimirlos y dice que forman parte de la oferta. La contratación queda sujeta a ellos cuando el órgano competente del ente acepta la cotización o emite su orden de compra o el documento que su procedimiento produzca, en lo que ese documento no disponga otra cosa. La aceptación de estos Términos por la dirección o por el personal de un centro público no obliga a su Junta (cláusula 2.4).

Las Juntas de Educación, las Juntas Administrativas y los demás entes públicos contratan el Servicio conforme a la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), a su reglamento y a las normas que rigen el manejo de sus fondos (cláusula 2.4). Antes de facturar a un ente público, la Empresa le entrega la constancia de estar al día con sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda y ante la Caja Costarricense de Seguro Social (o la de no estar inscrita como patrono, cuando así sea) y, cuando el procedimiento lo exija, la de su inscripción en el sistema digital unificado de compras públicas. Si no puede entregar alguna de ellas, lo informa al ente y no factura hasta poder hacerlo. La factura electrónica se emite a nombre y a la cédula jurídica de la Junta o del ente que paga, con el detalle que su procedimiento de pago requiera.

Las compras de las Juntas de Educación y de las Juntas Administrativas de los centros públicos de enseñanza, necesarias para sus fines, gozan de la exención del IVA que establece la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Para facturar sin el impuesto, la Junta entrega a la Empresa, antes de que se emita la factura, la autorización de exención vigente que le haya extendido el Ministerio de Hacienda, o el documento que la normativa tributaria exija en ese momento; la Empresa recuerda ese requisito en cada cotización que envía a una Junta. Sin esa autorización, la normativa tributaria obliga a la Empresa a cobrar el impuesto y a enterarlo al fisco. Si la Junta entrega la autorización después de emitida la factura, la Empresa emite la nota de crédito y la factura corregida y devuelve el impuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, siempre que la normativa tributaria le permita esa corrección en ese momento; si ya no se lo permite, le entrega a la Junta la constancia y la información que necesite para gestionar la devolución ante la Administración Tributaria y la acompaña en ese trámite. Si la Empresa cobra el impuesto a una Junta que le entregó a tiempo su autorización, lo devuelve con nota de crédito dentro del mismo plazo, con los intereses legales desde el pago.

Cuando la ley obliga al ente público a retener un porcentaje del pago a cuenta del impuesto sobre la renta de la Empresa, el ente descuenta la retención del monto a pagar y entrega a la Empresa el comprobante de retención; con esa retención el pago se tiene por completo.

7.5 Cómo se paga

El pago en línea de Conecta se procesa a través del Proveedor de pagos (actualmente ONVO Pay, pasarela de pagos de Costa Rica), con tarjeta de crédito o de débito o con SINPE Móvil, en su propia página de pago y sujeto a sus propios términos y condiciones. La Empresa no recibe, no ve ni almacena los datos de su tarjeta ni de su cuenta: recibe únicamente el resultado del pago, el monto y una referencia. Frente a una persona consumidora, la Empresa responde por el cobro en los términos de la Ley 7472, sin perjuicio de lo que el Proveedor de pagos responda por lo suyo. Las licencias Escuela y Red pueden pagarse contra la factura electrónica de la Empresa, por transferencia bancaria o SINPE a la cuenta de la Empresa en un banco de Costa Rica, por depósito o por otros medios acordados por escrito. Cuando quien paga es un ente público, la factura se emite solo contra el documento de contratación de la cláusula 2.4, y la licencia se activa cuando la Empresa tiene ese documento. La Empresa conserva la cotización aceptada, ese documento, la factura y el comprobante del pago, y los entrega al ente que los pida. Toda licencia queda registrada en el Servicio con su origen (pago, pago en línea, patrocinio o cortesía) y la referencia de su pago o de su documento de contratación, y la persona que la contrató puede verla en su cuenta.

Una licencia puede ser pagada por un tercero (un patrocinador) a favor de un centro o de una docente; el beneficiario acepta igualmente estos Términos y la licencia se rige por ellos.

Pagar con un medio de pago ajeno sin autorización de su titular, o con datos falsos, puede constituir el delito de estafa informática del Código Penal (artículo 217 bis). Una licencia obtenida con un pago que el Proveedor de pagos o el banco emisor revierten por fraude se anula sin devolución, sin perjuicio del derecho de retracto de la cláusula 8.1 de quien pagó legítimamente, y la Empresa puede dar aviso a las autoridades.

7.6 Los datos para el comprobante

El pago en línea de Conecta no le pide sus datos de facturación: por ese pago la Empresa emite un tiquete electrónico a consumidor final, que envía al correo electrónico registrado en su cuenta y que no da derecho a acreditar el IVA ni a deducir el gasto. Si necesita una factura electrónica a su nombre o al de otra persona, puede pedirla por el correo de la cláusula 27 con el nombre o la razón social, el tipo y el número de identificación (cédula de identidad, cédula jurídica, DIMEX o NITE) y el correo al que se le envía, y se emite en sustitución del tiquete en la forma y dentro del plazo que la normativa de comprobantes electrónicos permita. Las licencias Escuela y Red se facturan con los datos de quien contrata que constan en la cotización aceptada o en el documento de contratación. Los datos de facturación se usan únicamente para emitir el comprobante, cumplir las obligaciones tributarias y contables de la Empresa y atender devoluciones, y se conservan durante el plazo que la ley exige.

7.7 Falta de pago

Si una licencia contratada contra factura no se paga en el plazo de vencimiento, la Empresa puede, tras avisar por escrito a los correos registrados y dar al menos diez (10) días hábiles para regularizar, suspender las funciones del plan y dejar la cuenta en el plan Aula. La información del centro no se elimina por falta de pago y sigue pudiendo exportarse. Sobre las sumas vencidas corre, desde el día siguiente al vencimiento y hasta el pago, el interés moratorio al tipo legal que establece el Código de Comercio para la moneda de la deuda. La orden de compra o la factura aceptada por escrito por quien contrata, con firma física o digital, hace prueba de la deuda y puede cobrarse por las vías que la ley procesal prevé, con las costas a cargo de la parte morosa.

7.8 Periodo abierto de Conecta

Durante los meses de febrero y marzo de cada ciclo lectivo, las funciones de Conecta están abiertas sin costo para todas las secciones, según se publica en la portada. Es una condición del Servicio que la Empresa puede modificar para ciclos futuros con aviso previo.

7.9 Las licencias pagadas no se cortan a mitad de ciclo

La Empresa presta el Servicio a cada licencia pagada durante todo el ciclo lectivo que cubre y hasta el 31 de enero siguiente (cláusula 7.2). Si la Empresa decide descontinuar el Servicio conforme a la cláusula 19.3, el cese no se produce, para ninguna licencia pagada, antes del 31 de enero siguiente al ciclo que esa licencia cubre, salvo fuerza mayor conforme a la cláusula 18.3 o una orden de autoridad que lo impida. Quien pagó una licencia puede, en cambio, pedir por escrito terminarla antes, desde el aviso de descontinuación, con la devolución proporcional de la cláusula 19.3. En todos los casos, antes de dejar de prestar el Servicio, la Empresa entrega a la dirección del centro la copia completa de la cláusula 19.4 y, cuando quien pagó es un ente público, le entrega a ese ente la constancia de esa entrega.

8. Cancelaciones y devoluciones

8.1 Derecho de retracto

Si usted contrata un plan de pago a distancia (por ejemplo, por la web de edubo) como persona consumidora, también si es una persona jurídica destinataria final, puede retractarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la contratación, sin necesidad de justificación y sin penalidad, y recibirá la devolución íntegra de lo pagado por el mismo medio de pago, conforme a la Ley 7472 y a su Reglamento. Puede ejercerlo por cualquier medio escrito dirigido a la Empresa, en particular un mensaje al correo de la cláusula 27, indicando la cuenta y el pago; no hace falta escribir desde el correo registrado en su cuenta, y la Empresa puede verificar después la identidad de quien lo ejerce sin que eso suspenda el derecho. Le confirmaremos por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Mientras la cláusula 27 no publique un correo para ejercerlo, el plazo del retracto no corre. Este derecho y su plazo se le informan en la pantalla del plan antes de que pase a la página de pago, y no reduce ningún otro derecho que la ley le reconozca.

8.2 Después del plazo

Vencido ese plazo, las licencias no son reembolsables por el solo hecho de no usar el Servicio o de dejar de usarlo, porque se contratan por ciclo lectivo completo. Esa regla nunca se opone a un incumplimiento de la Empresa. Usted tiene derecho a la devolución, sin esperar al final del ciclo, en estos casos: (a) si una función incluida en su licencia al contratarla deja de estar disponible por una decisión de la Empresa, puede exigir que se restablezca o terminar la licencia con la devolución de lo pagado por el tiempo que falte, contado desde el día en que la función dejó de estar disponible (cláusulas 7.1 y 24); (b) si el Servicio no estuvo disponible, por una causa que no sea ajena a la Empresa, durante más de veinticuatro (24) horas seguidas en días lectivos, puede pedir la devolución de la parte proporcional del precio que corresponda a esos días, que se le acredita en el plazo de la cláusula 8.4; (c) si el Servicio presenta un defecto que le impide usar una función de su licencia y la Empresa no lo corrige dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aviso, puede terminar la licencia con la devolución de lo pagado por el tiempo que falte (cláusula 20.2); y (d) en los demás casos de las cláusulas 7.9, 18.3, 19.3 y 24. Ninguna devolución de esta cláusula limita la reparación de los daños y perjuicios que la Ley 7472 le reconoce, ni le impide elegir cualquier otro remedio que esa ley le otorgue.

8.3 Cambios de plan

Pasar de un plan a otro dentro de un ciclo se gestiona con la Empresa; cuando corresponda, se acredita lo ya pagado del ciclo. Las licencias que termina o anula el centro antes de tiempo no generan devolución, salvo lo dicho en 8.1 y 8.2.

8.4 Cómo se hacen las devoluciones

Toda devolución se acredita al mismo medio de pago, a través del Proveedor de pagos cuando el pago se hizo en línea, dentro de los ocho (8) días naturales siguientes al aviso de retracto o a la aprobación de la devolución, sin descuentos ni cargos; el banco emisor o la pasarela pueden tardar unos días más en reflejarla. Si el pago fue de un patrocinador, la devolución se hace al patrocinador. Cada devolución se documenta con la nota de crédito electrónica que corresponda. Si la devolución se demora por causa de la Empresa, usted puede acudir a la Comisión Nacional del Consumidor.

9. Los cobros de un colegio privado a sus familias

9.1 Quién cobra

Cuando un centro educativo privado solicita la función de cobros y la plataforma se la habilita, el centro puede usar edubo para llevar el control de la matrícula, las mensualidades y otros cargos que cobra a las familias por sus propios servicios educativos, registrar becas y los pagos que recibe, recibir los avisos de pago de las familias, emitir recibos y, cuando cumpla las condiciones de la cláusula 9.2, ofrecer a las familias el pago en línea. En esa relación el comerciante y el acreedor es el centro educativo: fija los montos, decide las becas, emite la factura electrónica que la ley le exija por la colegiatura y responde ante la familia por el servicio educativo y por la cuenta de cobro, conforme a la normativa de los centros docentes privados y a la Ley 7472. La Empresa presta el programa con el que el centro lleva ese registro y responde por su funcionamiento conforme a las cláusulas 9.3 y 21. El módulo de cobros no se habilita a centros educativos públicos. Si el catálogo del MEP clasifica como público a un centro que es privado, la plataforma lo habilita solo después de que el centro acredite por escrito que es privado; la Empresa conserva esa acreditación, y el Servicio registra quién habilitó el módulo y cuándo.

9.2 El dinero no pasa por la Empresa

La Empresa no capta, no recibe, no custodia, no transfiere ni administra dinero de las familias ni del centro, no es intermediaria financiera ni fiduciaria y no mantiene ninguna cuenta en la que se depositen colegiaturas. Los pagos que la familia hace en el centro, por SINPE Móvil o por transferencia, los recibe directamente el centro en la cuenta que indica en su configuración. Un aviso de pago que manda la familia queda pendiente, y el Servicio registra un pago como recibido solo cuando el personal del centro lo registra o lo confirma. El pago en línea desde edubo se ofrece a las familias de un centro únicamente cuando un proveedor de pagos autorizado en Costa Rica procesa el cobro en su propia página de pago y acredita el dinero directamente en una cuenta de comercio a nombre del centro, activa y verificada; mientras el centro no tenga esa cuenta, el Servicio no les ofrece a sus familias la opción de pagar en línea. Un pago en línea queda registrado como recibido solo cuando el proveedor de pagos informa que el cobro fue aprobado. Si por un defecto del Servicio un pago quedara registrado como recibido sin el registro del personal del centro o sin esa confirmación del proveedor, se aplica la cláusula 9.3.

9.3 Lo que la familia ve antes de pagar, por qué responde la Empresa y a quién se reclama

Antes de confirmar un pago, la familia ve el nombre del centro, el detalle de lo que paga, el monto total y el medio de pago y, en un pago en línea, el proveedor de pagos que procesa el cobro; edubo no le cobra ninguna comisión. Un reclamo sobre el monto, una beca, un cargo indebido, el retracto o la devolución de una colegiatura se dirige al centro, que decide y devuelve. La Empresa responde ante la familia y ante el centro por el funcionamiento del registro de cobros, en los dos sentidos. Si por un defecto del Servicio un pago aprobado por el proveedor de pagos o confirmado por el centro no queda registrado, o queda registrado por un monto distinto, la Empresa corrige el registro con la constancia del proveedor o del centro y se lo informa al centro. Si por un defecto del Servicio el registro muestra como recibido un pago que el proveedor de pagos no aprobó o que no existió, la Empresa lo corrige dejando constancia del motivo, lo informa por escrito al centro y, por el Servicio, a la familia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a conocerlo, y responde, conforme a la cláusula 21, por los daños que ese registro haya causado. Lo que el registro diga no crea ni extingue ninguna deuda entre la familia y el centro: la obligación de pagar la colegiatura, y la de devolverla, dependen de lo que efectivamente se pagó. Deber dinero al centro nunca limita el acceso de la familia ni de la persona estudiante a la información escolar, a los mensajes ni a los avisos, y la Empresa no usa ese dato para ningún otro fin.

9.4 Pagos de prueba

Las funciones de pago en modo de prueba o simulado existen solo para que el centro conozca el módulo en un entorno de demostración. La Empresa no las habilita en el Servicio en producción, que es el que usan los centros. Un pago de prueba no produce ningún cobro y no mueve dinero. Si por error un pago de prueba llegara a registrarse como recibido en el Servicio en producción, la Empresa lo trata como un registro sin pago conforme a la cláusula 9.3.

9.5 Quién ve los cobros

Los cobros los lleva la Administración del centro, que decide desde su cuenta si la dirección los ve con sus montos, si ve solo quién está al día sin ningún monto, o si no los ve; mientras el centro no tenga una cuenta de Administración, eso lo fija la plataforma a pedido del centro. Ninguna otra persona del personal del centro ve los cobros. Las becas registradas en los cobros son datos sensibles que solo ven la Administración y, si ella lo decide, la dirección. El personal de la Empresa puede ver los cobros únicamente para dar soporte al centro. Si el centro es sede de una red con el plan Red, la organización que administra la red ve y administra los cobros de la sede con el mismo alcance que la Administración del centro (cláusula 10), y el centro es responsable de informarlo a las familias en su aviso de privacidad.

El centro revisa sus cobros con los estados de cuenta de su banco y, cuando lo tenga, de su proveedor de pagos, al menos al cierre de cada mes, y avisa a la Empresa de cualquier pago registrado que no encuentre en ellos. Este deber del centro no limita la responsabilidad de la Empresa por el funcionamiento del registro (cláusula 9.3).

9.6 El recibo

El recibo que el Servicio genera por un pago es un documento del centro, a su nombre: deja constancia de lo que quedó registrado en sus cobros y lleva el nombre del centro, un número consecutivo propio del centro, el monto, la fecha y la forma del pago, su referencia cuando la hay y lo que cubre. Un pago anulado conserva su número, y su recibo dice que está anulado. El recibo no sustituye el comprobante electrónico que la ley exija al centro por la colegiatura. La Empresa responde porque el recibo refleje fielmente lo que contiene el registro y, cuando exista el pago en línea, porque el registro de un pago en línea provenga de la confirmación del proveedor de pagos; si no es así, se aplica la cláusula 9.3. El Servicio le permite al centro exportar el detalle de sus pagos, con su forma, su canal y su referencia, para cotejarlo con los estados de cuenta de su banco y, cuando lo tenga, de su proveedor de pagos.

10. Las redes de centros

Una organización que administra varios centros educativos puede contratar el plan Red para su propia cuenta de red. La red acepta estos Términos, la Política de Privacidad y el Anexo A como contratante de su cuenta; su licencia cubre a las sedes que la Empresa incorpore a la red a solicitud de la red y con la conformidad de cada sede, y cada sede lo ve en su propia cuenta. La red lee únicamente los indicadores agregados de sus sedes y los informes que cada sede prepara para la supervisión; no administra ninguna sede, no accede a los expedientes, las calificaciones ni la asistencia de ninguna persona estudiante, y no escribe en la cuenta de una sede, salvo en los cobros de una sede privada que usa el módulo de cobros, que la red ve y administra conforme a la cláusula 9.5.

Cada sede sigue siendo la responsable de su propia base de datos. Al incorporarse a una red, la sede declara que cuenta con la base legal para que la red lea esa información y, si usa el módulo de cobros, para que vea y administre sus cobros (la pertenencia de la sede y de la red a un mismo propietario o grupo de interés económico, un convenio escrito entre la sede y la red, o la competencia legal de la dependencia pública que administra la red), y lo informa a las familias en su aviso de privacidad. Una red privada no lee datos de un centro público sin el convenio o la competencia que la ley exija. La red responde ante la Empresa, ante las sedes y ante las personas afectadas por el uso que haga de la información que lee y por la conducta de las personas que administran su cuenta, en los términos de las cláusulas 6, 21 y 22 que le son aplicables como organización. Una sede puede salir de la red avisando a la Empresa; desde ese momento la red deja de leer sus datos y la sede deja de recibir el plan de la red.

11. Lo que edubo hace y lo que no hace

Esta cláusula es esencial. Lea con atención los límites del Servicio antes de confiar en él para una decisión.

11.1 Es una herramienta auxiliar de la persona docente y del centro

Conforme al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta, la evaluación, la calificación y la promoción de las personas estudiantes son competencia de la persona docente y de la dirección del centro, y los recursos contra una calificación, entre ellos el recurso de revisión, se presentan y se tramitan ante el centro en los plazos y la forma que ese reglamento establece. edubo calcula y presenta información a partir de lo que el centro registra: notas de periodo según la tabla de evaluación que rige en el centro para esa materia y ese nivel (cláusula 11.13), bandas de asistencia, alertas de ausentismo según las reglas que el centro configure, notas de conducta derivadas de las faltas registradas, cuadros de matrícula, informes y constancias. La Empresa garantiza, conforme a la cláusula 20.1, la exactitud de esos cálculos respecto de la tabla que rige y de los datos que el centro registró. Esas cifras son un apoyo al trabajo docente y no son por sí mismas una calificación, una nota de periodo, una condición de promoción ni ningún otro acto académico: lo son únicamente cuando la persona docente o la dirección, tras verificarlas con su propio registro y su criterio profesional, las consignan en los registros y documentos oficiales conforme al reglamento. Toda cifra que edubo muestre a una familia o a una persona estudiante, incluidos los informes impresos desde el Servicio, tiene ese mismo carácter; la familia puede pedir al centro el detalle de cómo se calculó y presentar ante el centro el recurso que el reglamento le reconoce. Si una cifra de edubo no coincide con el registro oficial del centro, prevalece el registro oficial; el centro corrige la información, atiende el recurso que corresponda y nos avisa. Los plazos del reglamento corren con independencia del Servicio y de su disponibilidad, y el centro es responsable de cumplirlos. Una calificación, una promoción, una reprobación o cualquier otra decisión académica es un acto del centro y de su personal, por el que responden conforme a la ley; la Empresa responde, conforme a las cláusulas 20 y 21, por los defectos propios del Servicio, entre ellos que una cifra que el Servicio calculó o mostró no corresponda a los datos registrados y a la tabla y las reglas que aplica, y por la información que da sobre él.

11.2 No es el registro oficial

Los registros oficiales del proceso educativo son los que determinan el MEP y la normativa vigente (entre ellos, el SEA, el PIAD, los registros del docente, las actas y los expedientes). edubo no sustituye ninguno de ellos, no transmite información al MEP y no acredita por sí mismo ningún acto administrativo. Las constancias, boletas, informes, actas y demás documentos que el centro imprime desde edubo son actos del centro, firmados por su dirección o por su personal bajo su responsabilidad, y llevan el membrete del centro, no el de la Empresa. El centro conserva sus registros y respaldos conforme a la normativa de archivo y de evaluación que le aplica, con independencia del Servicio: la conservación del expediente escolar es un deber del centro, y la exportación de la cláusula 19.4 es la forma de cumplirlo cuando deja de usar edubo.

11.3 No es asesoría

La información sobre normas, artículos del REAC, plazos y procedimientos que aparece en edubo como orientación (los avisos, las ayudas y las referencias al pie de un documento) es orientativa y puede no reflejar la última versión de la norma ni su interpretación por las autoridades. No constituye asesoría legal, pedagógica, contable ni tributaria. Las tablas de evaluación nacionales que el Servicio trae cargadas (cláusula 11.13) no son orientación: el Servicio las aplica a los cálculos, y su correspondencia con el reglamento está cubierta por la garantía de la cláusula 20.1. Ante una duda, consulte la norma vigente y a la autoridad o profesional competente.

11.4 No es un sistema de salud ni de emergencias

Los datos de salud, alergias, medicamentos, seguros y contactos de emergencia que aparecen en edubo los registró el centro o la familia; edubo no los verifica, no los actualiza por su cuenta y no es un dispositivo médico, un sistema de alerta médica ni un sistema de emergencias. El registro de un accidente (cláusula 11.12) es una constancia que el personal escribe después de atender a la persona estudiante y no sustituye la atención ni el aviso inmediato a la familia. Ante una emergencia, comuníquese directamente con los servicios de emergencia (9-1-1) y con la familia por los medios habituales.

11.5 No decide quién retira a un estudiante

La lista de personas que pueden retirar a un estudiante, las restricciones y las medidas judiciales o administrativas que aparecen en edubo son información que el centro educativo registra con lo que la familia le entrega y le comunica. Para que usted sepa qué muestra el Servicio: al registrar a cada persona de la familia, el centro indica si puede retirar al estudiante, y quien tiene esa marca figura en la lista hasta que el centro se la quite, la retire de la familia o registre una medida de «no retirar», que la saca de la lista y se muestra en la ficha del estudiante; el centro puede confirmar la lista, y el Servicio muestra la fecha de esa confirmación y quién la hizo; agregar, cambiar o quitar después a una persona que puede retirar deja sin efecto la confirmación hasta que el centro la confirme de nuevo; y mientras la lista no esté confirmada, el Servicio lo indica junto a ella. El Servicio no verifica la identidad de ninguna persona ni sabe si lo que el centro registró sigue vigente, y ninguna persona queda autorizada a retirar a una persona estudiante por el solo hecho de figurar en edubo, en una boleta de matrícula o en una solicitud de matrícula en línea. La custodia de las personas estudiantes dentro del centro y su entrega a una persona son deberes del centro conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la normativa educativa: la decisión de entregar a un estudiante, y la verificación de la identidad de quien lo retira y de que su autorización sigue vigente, corresponden al centro educativo, conforme a sus propios protocolos, y la lista de edubo es un apoyo para esa verificación y no su único elemento. El centro confirma la lista únicamente después de verificarla con quien ejerce la representación legal del estudiante, y responde por esa confirmación. Si usted es una persona encargada y quiere que alguien deje de poder retirar a su hijo o hija, comuníquelo por escrito a la dirección del centro, que debe registrarlo sin demora y conservar su pedido; cuando los datos de contacto de la cláusula 27 estén publicados, también podrá escribirnos a ellos, y lo trasladaremos a la dirección del centro a más tardar el día hábil siguiente. La Empresa responde, conforme a la cláusula 21, si el Servicio guarda o muestra esa información de una forma distinta de la que el centro registró o de la que describe esta cláusula; el centro responde por lo que registra, por no actualizar lo que la familia le comunicó y por la decisión de entrega.

11.6 Los avisos a la casa no están garantizados ni son una notificación formal

Los mensajes, comunicados y avisos automáticos que el centro envía a través de edubo se muestran en la cuenta de la familia cuando esta entra al Servicio. Su envío por otros canales (correo electrónico, mensajes de texto, avisos en el teléfono u otros) depende del plan, de la configuración del centro y del teléfono, de proveedores externos y de los datos de contacto que el centro registró: no garantizamos que un aviso llegue ni cuándo. Una citación, una ausencia, una emergencia o cualquier asunto urgente deben comunicarse además por los medios habituales del centro.

Las comunicaciones que se envían a través de edubo no constituyen una notificación formal de ningún acto del centro educativo. Cuando el REAC u otra norma exija comunicar o notificar un acto a la persona estudiante o a su persona encargada (entre otros, el inicio de un proceso por una falta de conducta, el plazo para presentar un descargo, la resolución que se adopte, una citación o una convocatoria), el centro lo hace por los medios y con las constancias que esa norma establece, y conserva esa constancia con independencia del Servicio. La constancia de lectura que edubo registra indica que una cuenta abrió un mensaje y no prueba que la persona encargada fue notificada. Al aceptar estos Términos usted no señala edubo como medio para recibir notificaciones de actos del centro ni de ninguna autoridad. Lo mismo vale para el «Enterado» de un registro de accidente y para cualquier otra constancia de lectura del Servicio: registran que una cuenta abrió un contenido, o marcó que lo leyó, en un momento dado; no acreditan que el centro avisó a la familia de un hecho ni que lo hizo a tiempo, y la Empresa no las ofrece con ese alcance. El centro conserva, por sus propios medios, la prueba de los avisos que da a la familia.

11.7 Lo que decide una persona y lo que el Servicio calcula

edubo no toma decisiones automatizadas con efectos jurídicos sobre nadie. Las cifras, las alertas y los estados que presenta al personal del centro resultan de las reglas que el centro configura y de los datos que registra, y ninguno produce por sí mismo un efecto: la calificación, el cierre de un periodo, la transcripción a un registro oficial y toda decisión sobre una persona las toma una persona del centro, a quien corresponde revisarlos antes de decidir; cuando esa decisión se registra en el Servicio, este guarda quién la tomó y cuándo. Algunos avisos a la familia se generan de forma automática cuando el centro activa esa función (por ejemplo, el de una ausencia sin justificar del día o, al cerrarse un periodo, el de una nota bajo el mínimo): informan un dato que el centro registró, se generan sin la revisión previa de una persona, pueden reflejar un error de registro y no son una notificación ni una decisión del centro (cláusulas 11.6 y 14). La nota de conducta que edubo muestra es la que resulta de los rebajos de las faltas que el centro registró y comunicó; la nota en firme la asigna el centro conforme al reglamento. Las alertas de ausentismo y los casos de seguimiento son una ayuda para el personal del centro y no sustituyen los protocolos del MEP sobre exclusión educativa, situaciones de violencia u otros, ni la alerta temprana que esos protocolos establecen, que el centro aplica por sus propios medios.

11.8 Funciones en prueba

Algunas funciones pueden ofrecerse como «en prueba», «vista previa» o estar apagadas por la plataforma. Se ofrecen para que el centro las conozca, pueden cambiar o limitarse, y no deben usarse como único soporte de un proceso del centro. Retirar una función de un plan ya pagado se rige por la cláusula 7.1.

11.9 Qué familiar ve la información de un estudiante

Cada persona encargada con una cuenta en edubo ve, cuando el centro tiene habilitado el acceso de las familias, la información del estudiante con el que el centro educativo registró su vínculo: entre otras cosas, su asistencia, sus calificaciones y tareas, su horario y su sección, los comunicados y los mensajes que le dirigen, su expediente y las imágenes que el personal decide compartir con la familia. Mientras no conste ante el centro una resolución judicial o administrativa que lo limite, el centro puede dar ese acceso a cada una de las personas que ejercen la autoridad parental o la representación legal del estudiante, conforme al Código de Familia.

Para que una persona deje de ver esa información, el centro registra en edubo una restricción de no compartir información. Esa restricción puede fundarse en una resolución judicial, en una medida del Patronato Nacional de la Infancia o en una decisión fundada del propio centro, como la que toma mientras valora un documento recibido o ante una situación de riesgo para el estudiante. Desde el día en que rige, el Servicio la aplica en cada lectura de esa persona, aunque tenga una sesión abierta: deja de mostrarle la información del estudiante, deja de enviarle los mensajes, los comunicados y los avisos que recibía por ese estudiante, y su teléfono deja de aparecer entre las personas a quienes llamar. Una restricción de no contactar produce estos dos últimos efectos sin impedirle ver la información, y una de no retirar la saca de la lista de quienes pueden retirar al estudiante (cláusula 11.5) sin cambiar lo que ve; si la resolución también limita el acceso a la información, el centro registra además la restricción de no compartir información.

Quien recibe de la familia las resoluciones sobre custodia, régimen de visitas, comunicación o acceso a la información de un estudiante, las valora y las registra es el centro educativo, que se obliga a registrarlas sin demora conforme a la cláusula 6. Si usted cuenta con una resolución de ese tipo, entréguela a la dirección del centro y pida el acuse de recibo. Cuando los datos de contacto de la cláusula 27 estén publicados, también podrá enviarla a la Empresa: la Empresa la hará llegar a la dirección del centro a más tardar el día hábil siguiente, conservará constancia de la fecha y la hora en que la recibió y de cuándo la trasladó, y le entregará esa constancia si usted la pide. Una resolución que una autoridad dirija directamente a la Empresa se cumple conforme a la cláusula 15.

La información que una persona vio antes de que el centro registrara una restricción, y un vínculo que el centro registró a favor de quien no debía tenerlo, son hechos del centro, que responde por ellos conforme a la cláusula 6, salvo que el retraso o el error se deban a la Empresa. La Empresa responde, conforme al artículo 35 de la Ley 7472 y al Código Civil, cuando el Servicio no aplique una restricción registrada, cuando la aplique con retraso, cuando muestre a una persona información distinta de la que el centro registró para ella, o cuando no traslade a tiempo una resolución que haya recibido.

11.10 Las adecuaciones y los apoyos educativos

edubo registra las adecuaciones curriculares y los apoyos educativos que el centro determina conforme a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600) y a la normativa del MEP: la resolución corresponde al comité de apoyo del centro y a sus órganos competentes, y edubo solo la anota y la muestra a quien el centro autoriza. Una adecuación registrada en edubo no determina, por sí misma, cómo se evalúa a una persona estudiante.

11.11 No es un canal de denuncia ni un sistema de detección

edubo no detecta, no analiza ni clasifica situaciones de maltrato, abuso, agresión o acoso. El deber de denunciarlas ante las autoridades competentes que la ley impone al personal del centro (entre otros, el artículo 49 del Código de la Niñez) se cumple por los medios que la ley establece; anotar un hecho en edubo, registrar un caso de seguimiento o enviar un mensaje a una familia no es una denuncia ni la sustituye. Lo que sí existe es el aviso a la Empresa de la cláusula 13.7: cualquier persona puede avisarnos de un contenido ilícito alojado en edubo por los medios de esa cláusula, y la Empresa actúa sobre él conforme a ella, para que deje de estar accesible y quede a disposición de la autoridad. Ese aviso no sustituye la denuncia que la ley exige a quien conoce el hecho.

11.12 El registro de un accidente

Cuando una persona estudiante sufre un accidente en el centro educativo, el personal puede registrarlo en edubo después de atenderla: el día y la hora, el lugar, qué le pasó, cómo pasó, qué se hizo, lo que el personal declara sobre la comunicación con la familia, cómo siguió el día y, si corresponde, una fotografía en los términos de la cláusula 13.5. Ese registro es una constancia posterior del hecho, que el centro conserva y que la familia lee en su cuenta cuando el centro tiene habilitado el acceso de las familias, o en el reporte que el centro imprime para que lo firme. Registrar un accidente en edubo no reemplaza el aviso a la familia. Avisar de inmediato a la familia, por teléfono o por el medio más rápido del que disponga, es un deber del centro educativo que se cumple con independencia de edubo, antes de registrar el accidente o al mismo tiempo. Si el Servicio envía un aviso al registrarlo, ese aviso es adicional, depende de los datos de contacto que el centro registró y de proveedores externos, y puede no llegar. Lo que el registro dice sobre la comunicación con la familia (por ejemplo, que se llamó a una persona a cierta hora) es la declaración de la persona del centro que lo registró: edubo se la muestra a la familia como tal, junto con su nombre, y no la verifica. El «Enterado» que una persona de la familia marca en el registro indica que esa persona lo leyó en ese momento; no indica que fue avisada del accidente ni cuándo (cláusula 11.6). Un registro de accidente no se borra: si estaba equivocado, se anula con una nota que la familia lee, y una corrección hecha después de los primeros minutos queda indicada con su fecha. Si usted lee en edubo un accidente del que nadie le avisó, comuníquese de inmediato con el centro.

11.13 La tabla de evaluación de cada materia

edubo trae cargadas las tablas de evaluación nacionales que establece el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta para las materias y los niveles que tienen tabla en ese reglamento, con la referencia al artículo del que sale cada una, y las aplica por defecto. La dirección del centro, o el personal docente que administra un centro sin dirección activa, puede ajustar los porcentajes de una materia, armar la tabla de una materia que no tiene tabla nacional o declararla de valoración cualitativa cuando el reglamento no le asigna una tabla con nota. Ese ajuste es una decisión del centro, que la toma únicamente en los casos en que la normativa educativa lo permite y responde por ella: rige para esa materia, en ese ciclo lectivo, en todo el tramo de niveles que abarca; las notas de ese tramo se vuelven a calcular con la tabla nueva; y no puede hacerse mientras exista un cierre de periodo vigente en ese tramo. El Servicio indica que la tabla es un ajuste del colegio en el registro de notas, con el nombre de quien la dejó así, en la página de la clase, en la hoja imprimible del registro y en el detalle de cada materia que la familia y la persona estudiante leen en su cuenta; la constancia del cierre de un periodo conserva la tabla con que se calculó cada nota. Para volver a la tabla nacional basta con quitar el ajuste. La familia puede pedir al centro qué tabla se aplicó a una calificación y cómo se calculó.

11.14 Los permisos e incapacidades del personal

Cuando el centro usa la función de permisos e incapacidades, el Servicio guarda la constancia interna del centro de un permiso, una incapacidad, una capacitación o una licencia de una persona de su personal: las fechas, el motivo elegido del catálogo, la referencia y la nota, un comprobante opcional, la decisión del centro y quién cubre las lecciones; y, según haya o no quien las cubra, asigna las listas de esos días a quien cubre o deja de esperarlas. El Servicio no reemplaza el trámite ante la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública ni ninguna otra entidad, que se hace por sus propios medios. El motivo, la nota, el comprobante y la decisión los ven la propia persona y quien administra el centro en edubo (la dirección o, en un centro sin dirección activa, el personal docente del centro, que es quien lo administra); quien cubre ve las fechas, a quién cubre, las clases que le tocan y el estado del permiso, sin el motivo, la nota ni el comprobante; y, cuando nadie cubre sus lecciones, el resto del personal puede ver en el calendario de días sin lecciones que esa persona no imparte lecciones en esas fechas por una incapacidad o un permiso, sin el motivo ni la nota. Usar esta función es voluntario: el permiso y su comprobante pueden tramitarse en papel ante la dirección sin registrarlos en edubo, y adjuntar el comprobante es siempre opcional. La constancia que la dirección imprime desde el Servicio es un documento del centro que contiene datos de salud cuando el motivo es una enfermedad, y su custodia corresponde al centro. Si el Servicio muestra el motivo, la nota o el comprobante a una persona distinta de las que describe esta cláusula, la Empresa responde por ese defecto conforme a la cláusula 21; el uso que una persona da a un dato que su rol le permitía ver es un hecho de esa persona y del centro (cláusula 6).

12. Uso aceptable

Usted se compromete a usar edubo únicamente para los fines educativos y administrativos del centro al que pertenece su cuenta, y conforme a la ley. En particular, está prohibido:

• acceder, o intentar acceder, a información de otro centro, de otra sección o de otra persona fuera del alcance de su rol, o eludir los controles de acceso y los límites de los planes;
• registrar datos personales de personas ajenas al centro, o datos de estudiantes, de sus familias o de cualquier persona para los que no se cuenta con la autoridad o la autorización que exige la ley;
• subir o publicar contenido ilegal, difamatorio, discriminatorio, violento, de acoso o que vulnere derechos de terceros, incluidos los derechos de imagen, de intimidad, de honor y de privacidad de personas menores de edad;
• usar imágenes, el nombre u otros datos que identifiquen a una persona menor de edad en relación con una falta de conducta, un accidente, un hecho delictivo o cualquier situación que afecte su dignidad, en comunicados, mensajes, registros de conducta o de accidentes, en contra de lo que prohíbe el artículo 27 del Código de la Niñez; en el registro de un accidente, una fotografía muestra únicamente a la persona estudiante del registro y lo necesario para entender lo que le pasó;
• subir fotografías, videos, documentos o datos de estudiantes sin seguir el procedimiento de consentimiento del centro, o compartirlos con familias o personas que no corresponda;
• subir obras protegidas por derechos de autor (páginas de libros, canciones, videos, imágenes o materiales de terceros) sin la autorización de su titular ni una excepción de la ley que lo permita;
• usar la mensajería, los comunicados o los avisos para publicidad, propaganda política, proselitismo religioso, cobros ajenos al centro, o cualquier fin distinto de la comunicación escolar;
• si usted es funcionario público, usar el Servicio o su posición en el centro para vender, promover o cobrar planes de edubo a las familias o a terceros, recibir comisiones o dádivas, o intermediar pagos; la Empresa no tiene relación de agencia, comisión ni representación con ningún funcionario, y el deber de probidad de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422) es de cada funcionario;
• introducir programas maliciosos, sobrecargar el Servicio, extraer datos de forma masiva o automatizada, descompilar o intentar obtener el código fuente, o interferir con su funcionamiento o seguridad: varias de esas conductas son delitos informáticos conforme al Código Penal de Costa Rica (entre ellos, los artículos 196 bis, 229 bis, 229 ter, 230 y 234, según las reformas de la Ley 9048);
• hacerse pasar por otra persona o por el centro, falsear registros, o alterar registros de otra persona sin autorización; en un centro público, la alteración de un registro oficial puede constituir además un delito contra la fe pública y una falta en la función pública, y las bitácoras del Servicio se entregan a la dirección y a la autoridad competente;
• revender, sublicenciar o poner el Servicio a disposición de terceros fuera del centro, salvo acuerdo escrito con la Empresa.

La Empresa puede investigar un uso que viole estos Términos, retirar contenido, limitar funciones, suspender o cancelar cuentas, y cooperar con las autoridades conforme a la cláusula 15. El centro educativo responde por el uso que su personal haga del Servicio.

Reporte responsable de vulnerabilidades. Si usted descubre una falla de seguridad en edubo, repórtela de inmediato a la Empresa (cláusula 27) sin explotarla, sin acceder, copiar ni divulgar datos de otras personas más allá de lo mínimo necesario para demostrarla, sin alterar ni borrar nada y sin hacerla pública antes de que la Empresa la corrija. A quien la reporte de esa forma y de buena fe, la Empresa no le iniciará acciones por ese reporte y le agradecerá por escrito; quien la explote, extraiga datos o la divulgue antes de la corrección responde civil y penalmente.

13. El contenido, los documentos, las imágenes y los derechos de autor

13.1 Es suyo

Usted y el centro educativo conservan todos los derechos sobre el Contenido del Usuario. La Empresa no adquiere ninguna propiedad sobre él.

13.2 La licencia que nos otorga

Para prestar el Servicio, usted nos otorga una licencia no exclusiva, gratuita y limitada para alojar, almacenar, copiar (incluidas las copias de seguridad), procesar, transmitir y mostrar el Contenido del Usuario a las personas que su rol y las reglas de acceso del centro autoricen, únicamente en la medida necesaria para operar, mantener, proteger y mejorar el Servicio y para cumplir la ley. Las copias que el Servicio hace al guardar, transmitir y mostrar el contenido, y las copias de seguridad, sirven solo para prestar el Servicio: las copias de seguridad no las ve ninguna persona usuaria, el personal de la Empresa las usa únicamente para restablecer el Servicio, y un contenido inhabilitado o eliminado no vuelve a mostrarse a partir de ellas. Esta licencia termina cuando el contenido se elimina del Servicio, salvo por las copias de seguridad durante el plazo de la cláusula 19 y por lo que debamos conservar por ley o por orden de una autoridad.

No usamos el Contenido del Usuario para publicidad, no lo vendemos ni lo cedemos a terceros con fines propios, y no lo usamos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

13.3 La Empresa no sube ni elige el contenido

Todo el Contenido del Usuario, incluidos los documentos, los datos de estudiantes y de sus familias, las fotografías, los videos y los audios, lo crea, lo elige y lo sube a edubo una persona usuaria: el personal del centro educativo, una familia o un estudiante. La Empresa no toma, no crea, no selecciona, no edita ni sube ninguna imagen, ningún documento ni ningún dato de nadie. La Empresa diseña el Servicio y define sus reglas generales de acceso, es decir, qué puede ver cada rol en cada lugar donde se registra o se sube un contenido, que la Política de Privacidad describe en sus secciones 4 y 5, y responde de que el Servicio las aplique tal como las describe. Dentro de esas reglas, qué se registra o se sube, en qué lugar y con quién se comparte lo decide la persona que lo sube; y quién pertenece a la familia de un estudiante, qué restricción tiene una persona y qué alcance tiene una autorización de imagen lo decide y lo registra el centro educativo. En los términos de los artículos 47 y 48 del Código Civil, la decisión de publicar, exponer o compartir una imagen o un dato es de la persona que lo sube y lo comparte; las copias que el Servicio hace para guardarlo y mostrarlo a quien esa persona eligió son técnicas y siguen esa decisión (cláusula 13.2).

Respecto de las obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos que una persona usuaria sube, la Empresa actúa como prestador de un servicio de alojamiento que almacena información a petición de las personas usuarias, en los términos del Reglamento sobre la limitación a la responsabilidad de los proveedores de servicios por infracciones a derechos de autor y conexos (Decreto Ejecutivo 36880-COMEX-JP), y aplica el procedimiento de la cláusula 13.8. Respecto de los datos personales y de los registros escolares, ese régimen no se aplica: la Empresa los trata como encargado del tratamiento por cuenta del centro, conforme a la Ley 8968, a su Reglamento y al Anexo A, y responde por sus deberes propios de seguridad, de confidencialidad y de actuar conforme a las instrucciones del centro. Cuando entre en vigencia la Ley de Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico (Ley 10946), la Empresa cumplirá las obligaciones que esa ley imponga a los servicios de alojamiento. Las personas usuarias no actúan por cuenta ni bajo la dirección de la Empresa: la Empresa no les encarga ni les dirige lo que suben, y lo que cobra por el Servicio no depende de ningún contenido en particular ni de cuántas veces se abre. Las facultades de la cláusula 12 y de esta cláusula son medidas de reacción ante un aviso, una orden o un hecho concreto, no un control previo del contenido.

La Empresa no revisa el contenido antes de que se suba, y no tiene un deber general de supervisarlo ni de buscar activamente hechos que indiquen una infracción. Conforme al artículo 1045 del Código Civil, la Empresa responde por su hecho propio: un defecto en el diseño o en el funcionamiento del Servicio, incluida una regla de acceso que le muestre a una persona un dato que, conforme a la Política de Privacidad, no debía ver, o que aplique tarde o mal una restricción que el centro registró; el incumplimiento de sus deberes como encargado del tratamiento conforme al Anexo A; o no actuar como lo disponen las cláusulas 13.6, 13.7 y 13.8 desde que conoce un contenido ilícito. Las reglas con que el Servicio muestra un dato a cada rol, y los estados y los rótulos que le pone, forman parte del Servicio y no del contenido de quien lo registró. La exactitud y la licitud del contenido, los derechos de terceros que contenga y las autorizaciones necesarias para subirlo o compartirlo son responsabilidad de quien lo sube y, cuando lo sube su personal, del centro educativo (cláusulas 6 y 22). Nada de lo anterior limita los derechos que la Ley 7472 reconoce a las personas consumidoras ni lo que la cláusula 21 dice que la ley no permite excluir.

13.4 Lo que garantiza, y por lo que responde, quien sube un contenido

Al registrar o subir a edubo un documento, un dato de una persona, una fotografía, un video, un audio o cualquier otro contenido, usted declara y garantiza, bajo su exclusiva responsabilidad, que:

• tiene derecho a hacerlo: es su autor o el titular de los derechos, cuenta con la licencia o la autorización escrita de quien los tiene, o el uso está amparado por una excepción de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683) o de la ley aplicable; esto vale, por ejemplo, para la página escaneada de un libro, una canción, un video o una imagen tomada de internet. Las excepciones de esa ley para la enseñanza y para la cita son limitadas: en general amparan citas y fragmentos breves con mención de la fuente, y no amparan subir capítulos, unidades ni una parte sustancial de un libro de texto, de un cuaderno de trabajo o de una obra musical o audiovisual para que la clase o las familias la usen en lugar de adquirirla. Si tiene dudas, no lo suba: comparta un enlace a la fuente lícita o pida la autorización de quien tiene los derechos;
• tiene autoridad para registrar los datos de esa persona: si es personal del centro, registra los datos de una persona estudiante menor de edad, de su familia o de un compañero de trabajo en ejercicio de la función educativa del centro, por instrucción del centro y conforme a su procedimiento y a las autorizaciones que el centro recabó; si es madre, padre o persona encargada, registra únicamente sus propios datos y los de la persona estudiante que representa legalmente, y, cuando registra datos de otra persona adulta (otra persona encargada, una persona autorizada a retirar a la persona estudiante, un contacto de emergencia), le informó de esa entrega y cuenta con su autorización para darlos al centro, conforme a la Ley 8968. Esa declaración obliga únicamente a quien la hace: no sustituye el consentimiento ni los derechos de la otra persona, que los conserva íntegros frente al centro y frente a la Empresa, incluido el de pedir la supresión de los datos que otra persona registró sobre ella sin su autorización;
• cuenta con el consentimiento de cada persona que pueda reconocerse en una fotografía, un video o un audio, conforme al artículo 47 del Código Civil y a la Ley 8968, y, si es una persona menor de edad, con el de quien ejerce su representación legal, recabado por el centro educativo conforme a su procedimiento; una familia no sube imágenes en las que se reconozca a otro niño;
• la información es verdadera, exacta y actual, conforme al principio de calidad de la información de la Ley 8968, y los documentos que sube (una identificación, un dictamen médico, una resolución judicial, un comprobante, una boleta) son auténticos y le fue lícito obtenerlos y entregarlos al centro;
• el contenido no vulnera la intimidad, el honor ni la imagen de nadie, respeta la prohibición del artículo 27 del Código de la Niñez, y no es contrario a la ley ni a estos Términos; y
• lo comparte solo con quien corresponde: no sube al material de una clase, a un comunicado ni a un mensaje la imagen o los datos de un estudiante que pueda reconocerse sin la autorización de su familia para ese alcance, y no registra en el expediente de un estudiante información de otro.

Usted es responsable de todo contenido que registra o sube y responde por él frente a las personas afectadas, frente a las autoridades y frente a la Empresa, incluidos los daños y perjuicios que un contenido subido sin derecho, sin autorización, falso o ilícito cause, conforme a los artículos 1045 y siguientes del Código Civil y a la demás legislación aplicable. Si lo sube como parte del personal de un centro educativo, el centro responde además por él, de forma solidaria, conforme a las cláusulas 6 y 22. Respecto de las personas consumidoras, esta cláusula no les impone ninguna obligación distinta de la responsabilidad que la ley les atribuye por sus propios actos.

13.5 Las imágenes de los estudiantes

El personal del centro puede registrar en edubo fotografías, videos o audios de actividades escolares y del trabajo de los estudiantes (por ejemplo, en el portafolio, en una nota del cuaderno del docente, en el registro de un accidente o en el material de una clase), y las familias pueden adjuntar fotografías al entregar una tarea o un comprobante. La decisión de tomar, subir y compartir cada imagen es siempre de quien la sube y de su centro educativo, nunca de la Empresa.

La autorización de imagen de una persona menor de edad solo vale si la otorga por escrito quien ejerce su autoridad parental o su representación legal, conforme al Código de Familia, y la recibe y la conserva el centro educativo. Estos Términos no crean, no amplían ni presumen ninguna autorización de imagen, y aceptarlos no es esa autorización ni la sustituye. Si usted es una persona encargada, le informamos cómo funciona: (a) el centro registra en edubo el alcance de la autorización que usted le dio, y el Servicio aplica ese alcance en el portafolio; si usted no la dio, o la negó, el centro no debe subir imágenes en las que pueda reconocerse a su hijo o hija; (b) el centro educativo es el responsable de pedir, registrar y respetar esa autorización, y la Empresa no la recaba ni valora su validez; (c) quien firma la autorización declara ante el centro ejercer la representación legal de la persona estudiante y, si conoce la oposición de la otra persona que la ejerce o una resolución judicial o administrativa que la limite, la informa al centro; desde que el centro la recibe, el centro deja de registrar y de compartir imágenes en lo que se oponga a ella, y el Servicio deja de mostrarlas desde que el centro lo registra en edubo (cláusula 11.9); nada de esto reduce el deber del centro de verificar quién ejerce la representación legal antes de registrar un vínculo o una autorización; (d) usted puede cambiar o revocar la autorización en cualquier momento ante la dirección del centro, y el cambio surte efecto hacia el futuro desde que el centro lo recibe; y (e) si una imagen de su hijo o hija está en edubo sin su autorización, o con un alcance distinto del que usted dio, puede reclamarlo al centro, a la Empresa o a ambos: la Empresa inhabilita el acceso a esa imagen conforme a la cláusula 13.7, y el centro responde por la autorización que registró. Usted conserva en todo momento su derecho de acudir a la PRODHAB, a la Comisión Nacional del Consumidor o a los tribunales, contra quien corresponda, incluida la Empresa por su hecho propio.

El centro educativo debe obtener la autorización por escrito de quien ejerce la representación legal del estudiante antes de subir una imagen en que se le pueda reconocer. La Política de Privacidad incluye un modelo de esa autorización (Anexo B).

El Servicio aplica controles distintos según dónde se suba una imagen. En el portafolio, cuando la Empresa habilita esa función en el Servicio, una fotografía se muestra a una familia solo si quien la subió decidió compartirla con esa familia y si, según lo que registró el centro, la autorización de imagen de cada estudiante etiquetado en ella alcanza para que esa familia la vea; la dirección del centro y el personal docente que da clases a alguno de los estudiantes etiquetados la ven sin ese control, porque el portafolio es el registro pedagógico del aula. Fuera del portafolio (por ejemplo, en el material de una clase, en una nota del cuaderno del docente, en el registro de un accidente o en un mensaje) el Servicio no consulta la autorización de imagen: lo que se sube ahí lo ven las personas que la Política de Privacidad indica para cada lugar (sección 4 de la Política de Privacidad), y por eso quien sube no debe incluir imágenes en las que pueda reconocerse a una persona estudiante sin la autorización de su familia para ese alcance. Esos controles dependen de la información que registra el centro y no sustituyen su responsabilidad.

La fotografía de un accidente. La fotografía que el personal puede adjuntar al registro de un accidente no es una imagen de una actividad escolar: es un dato sensible de salud de la persona estudiante. Solo debe tomarse y subirse cuando quien ejerce la representación legal de la persona estudiante lo autorizó por escrito ante el centro para ese fin; debe mostrar únicamente a la persona estudiante del registro y lo necesario para entender la lesión, y la ven solo el personal del centro con acceso a la ficha de la persona estudiante, la propia persona estudiante y su familia. Quien ejerce la representación legal puede pedir en cualquier momento, al centro o a la Empresa, que esa fotografía se retire: la Empresa inhabilita su acceso en los plazos de la cláusula 13.7 y se lo informa al centro, que la elimina del registro; mientras el centro no lo haga, la fotografía sigue inhabilitada. El registro escrito del accidente se conserva.

13.6 Cómo se revisa el contenido

La Empresa no usa sistemas automáticos para revisar, clasificar ni retirar el contenido de las personas usuarias. Las restricciones que aplica son las de esta cláusula y de la cláusula 12, y las decide una persona del equipo de la Empresa a partir de un aviso, de una orden de una autoridad competente o de un hecho concreto que llegue a su conocimiento, con registro de la decisión. La Empresa conoce un contenido cuando un aviso sobre él le llega por los medios de la cláusula 27 o por escrito a una persona de su equipo, cuando se lo remite la dirección de un centro educativo conforme a la cláusula 13.7 o cuando una autoridad se lo comunica; desde ese momento, o desde el que indica la cláusula 13.7 para un aviso presentado al centro, corren los plazos de las cláusulas 13.7 y 13.8, y la Empresa responde por cumplirlos. Cuando restringe un contenido o una cuenta, la Empresa lo comunica a la persona que lo subió y al centro educativo con los motivos de la decisión y la forma de pedir que se revise, salvo que una autoridad lo impida, que el aviso facilite un abuso o que se aplique el procedimiento especial de la cláusula 13.7.

13.7 Avisos de un contenido ilícito o de una imagen sin autorización

Cualquier persona puede avisarnos de un contenido de edubo que considere ilícito o contrario a estos Términos (en particular, una imagen suya, o de una persona menor de edad a su cargo, subida sin autorización) por los medios que la cláusula 27 indica para los avisos de contenido. Un aviso de esta cláusula, o una notificación de la cláusula 13.8, que llegue por cualquiera de los medios publicados en la cláusula 27 se tiene por recibido por el representante designado desde que llega. Mientras esos medios no estén publicados, el aviso de esta cláusula puede entregarse a la dirección del centro educativo donde está el contenido, que debe hacerlo llegar a la Empresa sin demora (Anexo A); en ese caso, los plazos que esta cláusula le fija a la Empresa se cuentan desde que el centro recibió el aviso. Salvo en el procedimiento especial del final de esta cláusula, que no pide ninguna prueba, el aviso debe incluir:

• una explicación de por qué considera que el contenido es ilícito o no está autorizado y, en la medida de lo posible, los elementos que lo respalden;
• los datos que permitan encontrarlo: el centro educativo, la sección o la cuenta donde aparece, la fecha aproximada y una descripción del contenido, sin adjuntar nunca una copia de un contenido que muestre a una persona menor de edad;
• su nombre, su relación con la persona afectada y un medio de contacto; y
• una declaración de que actúa de buena fe y de que la información del aviso es exacta y completa.

Si al aviso le falta algún dato, la Empresa se lo pide a quien avisó, pero actúa desde ya cuando el aviso permite encontrar el contenido y entender el reclamo.

Acusaremos recibo del aviso a más tardar el día hábil siguiente a recibirlo, lo informaremos al centro educativo y a la persona que subió el contenido, y comunicaremos la decisión, con sus motivos y con la forma de pedir su revisión, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a recibirlo. Cuando el aviso se refiera a una imagen de una persona menor de edad, o a un documento o un archivo con sus datos, subido sin autorización, la Empresa inhabilita el acceso a ese contenido de inmediato y de forma preventiva y, en todo caso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a recibir el aviso, y le pide al centro la autorización escrita que respalda lo que registró. El contenido se restablece únicamente si el centro le entrega a la Empresa copia de esa autorización, firmada por quien ejerce la representación legal de la persona estudiante y con el alcance que el contenido requiere, y si quien ejerce esa representación no la revocó ni se opuso a ese uso ante el centro o ante la Empresa; si el centro no la entrega dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el contenido sigue inhabilitado y la Empresa le pide al centro que lo elimine o lo corrija. La Empresa le informa por escrito a quien avisó el resultado. La Empresa cumple además las órdenes de la autoridad judicial o administrativa competente, incluidas las del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la PRODHAB.

Si el aviso no se refiere a un contenido sino a un dato que el centro registró (por ejemplo, una persona que figura como autorizada a retirar a una persona estudiante y ya no debe estarlo, un vínculo familiar o una restricción que el centro debería registrar conforme a la cláusula 11.9), la Empresa no cambia por sí misma lo que el centro registró, porque el centro es el responsable de esa información: remite el aviso por escrito a la dirección del centro a más tardar el día hábil siguiente a recibirlo, conserva constancia del aviso y de la remisión, le recuerda el pedido si no responde y le comunica a quien avisó lo que el centro respondió. Como la dirección del centro puede registrar ese cambio en el acto, presentárselo directamente es el camino más rápido. Nada de esto impide a quien avisó ejercer sus derechos conforme a la Política de Privacidad ni acudir a la PRODHAB.

Material que involucre a una persona menor de edad en un delito. Si un contenido alojado en edubo muestra a una persona menor de edad en una situación de abuso, de explotación sexual, de violencia o de cualquier otra que pueda constituir un delito, se aplica este procedimiento especial y no el ordinario. Para avisarlo basta indicar dónde está el contenido (el centro educativo, la cuenta, la pantalla o el archivo) y quién avisa: no se piden pruebas ni capturas, y el contenido nunca debe descargarse, reenviarse ni adjuntarse al aviso. La dirección del centro que conozca un contenido así puede dejar de mostrarlo con las funciones del Servicio que lo permiten, sin borrarlo, descargarlo ni reenviarlo, y lo avisa de inmediato a la Empresa y a la autoridad competente. Desde que el aviso le llega, la Empresa: (a) inhabilita todo acceso al contenido de inmediato y, en todo caso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, incluidos el de quien lo subió y el del personal del centro, y suspende la cuenta que lo subió sin aviso previo; (b) mientras lo custodia, no lo elimina, no lo muestra a nadie, no lo reenvía y no hace ninguna copia nueva, salvo la que la autoridad le pida en la forma que ella indique: lo aísla bajo custodia restringida, con acceso solo de la persona de su equipo estrictamente necesaria para identificarlo y aislarlo y con constancia escrita de cada acceso; las copias de seguridad que ya lo contienen quedan sometidas a la misma restricción y no se usan para restablecerlo, y si una copia de seguridad se restaura por otro motivo, el contenido se vuelve a inhabilitar antes de que el sistema restaurado quede disponible; (c) a más tardar el día hábil siguiente a la inhabilitación, lo denuncia ante el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial y lo pone en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, o, si una autoridad ya lo investiga, se pone a su disposición en ese mismo plazo, con la información que identifica a la cuenta y las bitácoras relacionadas; (d) entrega el contenido únicamente a la autoridad competente, después de verificar la autenticidad del requerimiento conforme a la cláusula 15.2, en la forma que ella indique y con constancia escrita de la entrega; (e) conserva el contenido aislado mientras la autoridad no lo haya recibido o mientras le ordene conservarlo, y lo elimina, junto con sus copias de seguridad, cuando la autoridad lo haya recibido y no le ordene conservarlo, o cuando lo autorice o lo ordene, con constancia de la eliminación; (f) informa a la dirección del centro educativo de que existe una denuncia y de las medidas adoptadas, sin reproducir el contenido, salvo que la autoridad lo prohíba o que la persona que lo subió forme parte de la dirección; y (g) no devuelve, no exporta ni restablece el contenido bajo ninguna confirmación del centro. La Empresa custodia ese contenido con el único fin de ponerlo a disposición de la autoridad y de no destruir la prueba de un delito, y no lo tiene, no lo usa ni lo difunde con ningún otro fin, en atención a las conductas que sanciona el Código Penal (entre otros, sus artículos 173, 173 bis y 174). Quien sube a edubo un contenido de esa naturaleza responde penal y civilmente por ello; la Empresa no lo creó, no lo seleccionó y no tuvo conocimiento de él antes del aviso.

13.8 Derechos de autor

La Empresa respeta los derechos de autor y espera lo mismo de las personas usuarias. Si usted es titular de derechos de autor o conexos, o su representante, y considera que un contenido alojado en edubo los infringe, puede enviar una notificación por escrito, por los medios que la cláusula 27 indica para los avisos de derechos de autor, con su firma física o digital, conforme al Decreto Ejecutivo 36880-COMEX-JP, a la Ley 6683 y a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039), que contenga:

• la identificación de la obra protegida, de su titularidad y de la forma en que se infringe;
• la identificación del material que considera infractor y los datos que permitan localizarlo en edubo;
• su nombre, su dirección postal, un lugar o medio para recibir notificaciones en Costa Rica, su teléfono y su correo electrónico;
• una declaración de que cree de buena fe que el uso del material no está autorizado por el titular, por su representante ni por la ley; y
• una declaración, bajo fe de juramento y con conocimiento de las penas del Código Penal por falso testimonio, de que la información de la notificación es exacta y de que usted es el titular o está autorizado para actuar en su nombre.

Al recibir una notificación, la Empresa acusa recibo a más tardar el día hábil siguiente. Si la notificación identifica la obra, a quien afirma ser su titular o su representante y el lugar de edubo donde está el material, la Empresa inhabilita el acceso al material dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a recibirla, aunque falte algún otro dato, y pide que se complete. Lo comunica a la persona que lo subió y a su centro educativo, junto con la forma de presentar una contranotificación. Un material inhabilitado no puede abrirse desde ninguna cuenta, no se exporta y no se restablece desde una copia de seguridad, y la Empresa adopta las medidas técnicas a su alcance para que el mismo archivo no vuelva a quedar disponible mientras la notificación esté vigente.

Contranotificación. Si su material fue retirado y usted considera que fue por error o por una identificación equivocada, puede enviar por los mismos medios una contranotificación firmada que identifique el material retirado y el lugar donde estaba; que declare, bajo fe de juramento y con conocimiento de las penas por falso testimonio, que cree de buena fe que se retiró por error o por una identificación equivocada; que indique su nombre, su dirección, un lugar para recibir notificaciones en Costa Rica y su teléfono; y que acepte la jurisdicción de los tribunales de Costa Rica y recibir las notificaciones de quien presentó la notificación original. La Empresa remitirá la contranotificación a esa persona y restablecerá el material dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a recibirla, salvo que esa persona le informe que presentó ante una autoridad judicial competente una demanda o una solicitud de medida cautelar para impedir la infracción.

Infracciones reiteradas. La Empresa lleva un registro de las notificaciones de derechos de autor atendidas sobre cada cuenta. Cuando a una misma cuenta se le atienden dos notificaciones en un mismo ciclo lectivo sin una contranotificación que haya llevado a restablecer el material, la Empresa lo informa a la dirección del centro y puede retirarle a esa cuenta la posibilidad de subir archivos durante treinta (30) días naturales; a partir de la tercera, por el resto del ciclo lectivo. No se cuentan las notificaciones que se demuestren equivocadas. Esta medida no le impide a la persona usar las demás funciones que su trabajo o su relación con el centro requieren, y la Empresa la aplica con los mismos criterios a todas las cuentas.

Avisos falsos. Quien presente a sabiendas una notificación, un aviso o una contranotificación con información falsa responde por los daños y perjuicios que cause, conforme a la legislación civil y penal costarricense.

13.9 La matrícula en línea

Cuando la Empresa tiene habilitada la matrícula en línea y el centro educativo abre un proceso, la persona que llena la boleta (una persona encargada, con su cuenta o con el enlace privado que el centro le entrega, o el personal del centro) declara, bajo su responsabilidad y con los efectos de una declaración ante el centro educativo, que los datos que registra sobre la persona estudiante, sobre sí misma, sobre las demás personas encargadas y sobre quienes propone para retirarla son verdaderos y completos, que los documentos que adjunta son auténticos y le pertenecen o corresponden a la persona estudiante, y que informó de esa entrega a cada persona adulta cuyos datos de identidad o de contacto registra y cuenta con su autorización para darlos al centro. Cuando la llena una persona encargada, declara además que ejerce la autoridad parental, la representación legal o la guarda de la persona estudiante conferida por la ley o por una resolución judicial o administrativa; cuando la llena el personal del centro, lo hace con la información y los documentos que le entregó quien ejerce esa representación. Ninguna declaración hecha en una boleta otorga a quien la hace la condición de persona encargada legal ni la autorización para retirar a la persona estudiante: esa condición y esa autorización las verifica y las registra el centro educativo, con la documentación que la normativa de matrícula exige, antes de aceptar la solicitud. Quien llena la boleta por encargo de otra persona que ejerce esa representación no adquiere por ello ninguna facultad sobre la persona estudiante, y el centro le exige el poder o la resolución que acredite el encargo. Quien registra datos falsos, datos de una persona que no lo autorizó o documentos que no son auténticos responde por ello frente al centro, frente a la Empresa y frente a las personas afectadas, y sabe que una matrícula obtenida con documentos o información falsos es nula conforme al Reglamento de Matrícula y Traslados de los Estudiantes (Decreto Ejecutivo 40529-MEP, artículo 21), sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Una solicitud de matrícula en línea es una preinscripción ante el centro educativo y no un trámite ante el MEP: la matrícula se perfecciona únicamente cuando el centro la acepta tras verificar la identidad, los documentos originales y la facultad de quien la presentó, conforme a la normativa de matrícula. Un centro público solo puede dejar de aceptar una solicitud por las causas que esa normativa admite (en particular, la falta de cupo) y lo dice con un motivo que la familia lee. Los datos que una persona registra en una solicitud de primer ingreso, antes de que exista la matrícula, forman parte de la base de datos del centro que abrió el proceso, que es su responsable, y la Empresa los trata por cuenta del centro con las mismas medidas que el resto de sus datos. Cuando el proceso admite solicitudes de primer ingreso, el Servicio le muestra a quien empieza una desde el enlace del proceso, antes de que escriba nada, un aviso de privacidad que la Empresa redacta por cuenta del centro y que identifica al centro como responsable de esos datos, su finalidad, que la Empresa los trata por cuenta del centro y los aloja en los Estados Unidos de América y que la persona puede pedirle al centro verlos, corregirlos o borrarlos, y no deja empezar la solicitud sin que la persona marque que lo leyó; el centro, como responsable, informa además por sus propios medios a las personas cuyos datos recibe a través de una boleta llenada por otra persona. Una solicitud que nunca se manda queda a disposición del centro, que decide sobre ella, y deja de poder abrirse cuando su enlace vence; una solicitud resuelta se conserva como parte del expediente de matrícula conforme a la normativa del centro.

El enlace privado de una boleta es una credencial de acceso en los términos de la cláusula 4.2: da acceso a datos sensibles de una persona menor de edad y de su familia, y deja de abrirse en los plazos que el Servicio le informa a quien lo recibe. El centro puede dejarlo sin efecto al entregar un enlace nuevo, que reemplaza al anterior, y la Empresa lo corta cuando recibe un aviso conforme a la cláusula 13.7 o una instrucción del centro, en los plazos de esa cláusula. Quien lo recibe debe guardarlo como tal y no reenviarlo; el centro es responsable de entregarlo a la persona correcta, y quien lo reenvía o lo deja al alcance de otros responde por lo que esas personas hagan con él. La Empresa no verifica la identidad de quien abre un enlace ni la veracidad de lo que registra: la verificación de la identidad, de los documentos originales y de la facultad para matricular es siempre del centro educativo antes de aceptar la matrícula, conforme a la cláusula 6.

13.10 Las bitácoras como prueba

El Servicio deja constancia de lo siguiente, con la fecha, la hora y la cuenta que lo hizo (las Bitácoras):

• los cambios de las calificaciones, de las evaluaciones y de las pruebas de ampliación, con lo que el dato decía antes y después de cada cambio, y los cierres de periodo, con la foto de lo que se cerró y cada corrección posterior con su motivo, en bitácoras que no se pueden editar ni borrar;
• quién registró y quién anuló, y con qué motivo, los registros que en el Servicio no se borran sino que se anulan, entre ellos las justificaciones de ausencias, los registros de accidentes, las autorizaciones de imagen, las restricciones del vínculo familiar (con el documento que las respalda y su vigencia), las faltas de conducta y los comunicados;
• en los demás registros, quién los creó o quién los cambió por última vez, cuando el Servicio lo guarda; en ellos no se conserva el valor anterior de cada campo, y por eso el Servicio no puede reconstruir qué decían antes de una corrección;
• quién abrió cada archivo (una fotografía, un documento, un comprobante) y cada pedido que una cuenta hace al Servicio, con la función que pidió, sin sus parámetros de búsqueda, y su resultado, en los registros técnicos que la sección 9 de la Política de Privacidad describe y durante el plazo que allí se indica; y
• las sesiones de cada cuenta, con su dispositivo y su última dirección IP, mientras se conservan conforme a esa misma sección, y las constancias de aceptación de estos Términos.

Esas bitácoras son documentos electrónicos con la equivalencia funcional y la fuerza probatoria que les reconoce la Ley 8454. La Empresa las entrega al centro educativo responsable cuando las necesita para atender un reclamo, un recurso o una investigación, a las autoridades competentes conforme a la cláusula 15, y a la persona titular, o a quien ejerce su representación legal, cuando ejerce sus derechos conforme a la Política de Privacidad; y las usa para identificar a la persona que registró o subió un contenido ante un reclamo. Desde que recibe un aviso conforme a la cláusula 13.7 o un requerimiento de una autoridad, la Empresa asegura las bitácoras y los registros técnicos relacionados para que no se eliminen en su ciclo normal, y los conserva con acceso restringido hasta que concluya el trámite o quede firme el proceso (cláusula 15.3).

En los cobros de un colegio privado (cláusula 9), el registro de cada pago conserva su origen (registrado en el colegio, reportado por la familia o pagado en línea), quién lo registró, lo confirmó, lo rechazó o lo anuló y con qué motivo, la fecha, el monto y, cuando el pago fue en línea, el proveedor de pagos y la referencia de la operación. El colegio lo consulta desde su cuenta de Administración, y la familia puede pedir ese detalle sobre sus propios pagos al colegio o conforme a la sección 10 de la Política de Privacidad.

14. Comunicaciones entre usuarios

edubo permite al personal del centro escribir a una familia, publicar comunicados, citar a una reunión, anotar observaciones y registrar avisos, y permite a la familia responder y enviar avisos al centro. En esas comunicaciones la Empresa no es autora ni editora: no las escribe ni las edita, las aloja y las transmite como encargado del tratamiento por cuenta del centro (cláusula 17 y Anexo A), y no lee su contenido salvo en los casos del último párrafo de esta cláusula. El contenido es responsabilidad de quien lo escribe, que debe hacerlo con respeto, con fines propios de la relación escolar y sin afectar el honor, la intimidad ni la imagen de nadie, en particular de las personas menores de edad (cláusula 12).

Un centro puede habilitar avisos automáticos (por ejemplo, la ausencia de un estudiante o una nota bajo el mínimo) hacia las familias de sus secciones. Esos avisos se generan a partir de los datos que el centro registra y pueden contener errores de registro; la familia debe confirmar con el centro antes de actuar. El centro es responsable de cumplir, por los medios que la normativa exige, los plazos y las formalidades de comunicación que el REAC y las demás normas educativas le imponen; edubo es un canal adicional de comunicación con la familia y no los sustituye (cláusula 11.6).

Los canales hacia la casa. Además de mostrar las comunicaciones dentro del Servicio, que es el canal garantizado, edubo puede enviar una copia de los mensajes, los comunicados y los avisos automáticos por correo electrónico o por mensaje de texto (SMS) a los datos de contacto que el centro registró, cuando la Empresa tiene habilitados esos canales en el Servicio. El centro decide, como responsable de su base de datos, qué avisos automáticos activa y qué comunicados y mensajes envía, y es responsable de contar con la autorización de la familia para usar su correo y su número con ese fin (Anexo B de la Política de Privacidad) y de registrarlos correctamente. La familia puede revocar esa autorización ante el centro en cualquier momento, y usar la opción de baja de un mensaje cuando el canal la admita; dejar de recibir esos envíos no le quita ningún acceso ni ninguna información, que sigue viendo al entrar al Servicio. La Empresa usa el correo y el teléfono únicamente para enviar los avisos del centro y las comunicaciones de la cuenta, nunca para publicidad. Un aviso puede no entregarse por causas del operador, del dispositivo o del número registrado, y el Servicio registra solo el estado del envío. Por estos canales salen únicamente mensajes, comunicados y avisos automáticos: las atenciones a la familia, las observaciones y las notas del cuaderno, entre otros registros, no se envían y se leen al entrar al Servicio. Ningún envío por estos canales, tampoco uno sobre un accidente, sustituye el aviso inmediato que el centro debe dar por sus propios medios (cláusulas 6, 11.6 y 11.12).

Las comunicaciones se conservan como parte del expediente de la relación entre el centro y la familia, no se editan después de enviadas y no se eliminan por una de las partes, para que ninguna pueda negar lo que se dijo. La Empresa no lee el contenido de las comunicaciones salvo por una denuncia, una obligación legal, una orden de la autoridad conforme a la cláusula 15, o para resolver un problema técnico con el consentimiento del centro, y siempre con registro de acceso.

15. Cooperación con las autoridades

15.1 Qué entregamos y bajo qué instrumento

La Empresa atiende los requerimientos de información que le dirijan las autoridades competentes de Costa Rica (entre ellas el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia, los juzgados penales, de familia y de niñez y adolescencia, y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes), en la medida en que la ley lo exija y conforme a estas reglas: (a) el contenido de los mensajes, de los comunicados, de las observaciones del personal, de las notas del cuaderno del docente y de cualquier otra comunicación o documento privado alojado en edubo se entrega únicamente en cumplimiento de una orden emitida por una autoridad judicial competente, conforme al artículo 24 de la Constitución Política y a la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones (Ley 7425); (b) los datos de identificación de una cuenta, las sesiones, las direcciones IP, las bitácoras de acceso y los demás registros técnicos se entregan ante un requerimiento escrito, fundado y válido de la autoridad competente, en la medida estrictamente requerida; y (c) la Empresa puede negarse a un requerimiento que no cumpla los requisitos de la ley, y pedir que se corrija o se amplíe.

15.2 Verificación y aviso

Antes de entregar información, la Empresa verifica la autenticidad del requerimiento por los medios oficiales disponibles. Salvo que la ley, la orden o la autoridad lo prohíban, o que el aviso pueda frustrar la investigación o poner en riesgo a una persona, la Empresa informa al centro educativo responsable de la base de datos de que recibió el requerimiento y de qué entregó. Cuando el requerimiento se refiere a datos de la base de datos de un centro y la autoridad lo admite, la Empresa remite la solicitud al centro, que es su responsable.

15.3 Conservación a pedido de una autoridad

Cuando una autoridad competente lo ordene, o cuando la Empresa reciba un aviso de un hecho que pueda constituir delito, la Empresa puede conservar los registros, las bitácoras y el contenido relacionados más allá de los plazos de conservación ordinarios, con acceso restringido y únicamente para ponerlos a disposición de la autoridad.

15.4 Denuncia por iniciativa propia

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa puede denunciar ante el Ministerio Público, y poner en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, cualquier hecho del que tenga conocimiento a través del Servicio que pueda constituir un delito, en particular uno cometido contra una persona menor de edad, y entregar con la denuncia la información necesaria para identificar a la cuenta involucrada. Cuando el hecho es de los que describe el procedimiento especial de la cláusula 13.7, la denuncia no es una facultad sino una obligación de la Empresa, que la cumple conforme a esa cláusula.

15.5 Sin responsabilidad por cumplir

La entrega de información hecha de buena fe en cumplimiento de la ley o de una orden de la autoridad no genera responsabilidad de la Empresa frente a la persona usuaria ni frente al centro educativo. Esta regla cubre únicamente las entregas efectivamente hechas, y no cubre la falta de actuación de la Empresa cuando estos Términos o la ley la obligan a actuar (entre otras, conforme a las cláusulas 13.7 y 13.8). Las medidas judiciales o administrativas que una autoridad dirija a la Empresa respecto de una cuenta o de un contenido se cumplen en sus propios términos; la Empresa no las notifica a las familias ni las sustituye: esa comunicación corresponde a la autoridad y, cuando proceda, al centro. Cuando una de esas medidas se refiere a qué persona encargada puede ver la información de un estudiante, la Empresa la traslada además a la dirección del centro, salvo que la autoridad lo impida, para que registre la restricción que corresponda (cláusula 11.9).

16. Propiedad intelectual

16.1 Lo que es de la Empresa

El Servicio —el código, la estructura de su base de datos, el diseño, los textos, el centro de ayuda, los íconos, las plantillas de documentos, los informes y las marcas edubo, su isologotipo y el búho que lo identifica, registradas o en trámite de registro ante el Registro de la Propiedad Intelectual— es propiedad de la Empresa o de quienes se lo licencian, y está protegido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley 6683), la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7978), la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039) y los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. Nada en estos Términos le transfiere a usted ni al centro ningún derecho sobre el Servicio, salvo la licencia de la cláusula 16.2.

16.2 Su licencia

La Empresa le concede, a usted y al centro educativo, una licencia limitada, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable para acceder al Servicio y usarlo, en la web y en la App, con los fines educativos y administrativos del centro y conforme a estos Términos, durante la vigencia de su cuenta. Esa licencia no es una venta y termina con la cuenta o con la licencia del plan, según corresponda.

16.3 Lo que no puede hacer

Sin autorización escrita de la Empresa, usted no puede copiar, modificar, traducir, descompilar, desensamblar ni intentar obtener el código fuente del Servicio; extraer su contenido o sus datos de forma masiva o automatizada; crear obras derivadas; revender, alquilar o prestar el Servicio; usar las marcas de la Empresa como propias, registrarlas o registrar nombres o dominios que se confundan con ellas; ni quitar avisos de titularidad. Esas conductas infringen la Ley 6683 y la Ley 7978 y, cuando se realicen eludiendo controles técnicos, pueden constituir los delitos informáticos del Código Penal.

16.4 Uso de la marca por el centro

El centro puede decir que usa edubo y mostrar el nombre y el isologotipo tal como la Empresa los publica, para informar a su comunidad. Los documentos que el centro imprime desde el Servicio llevan el membrete del centro, no el de la Empresa (cláusula 11.2). Los catálogos oficiales que edubo incorpora (como la nómina de centros educativos y las tablas de evaluación publicadas por el MEP) son información pública del Estado costarricense; la Empresa no reclama derechos sobre ellos ni representa al MEP.

16.5 Sugerencias

Si usted nos envía ideas, sugerencias o reportes sobre el Servicio, la Empresa puede usarlos libremente para mejorarlo sin deberle compensación ni reconocimiento, y sin que eso le dé derechos sobre lo que se construya. No incluyen el Contenido del Usuario.

16.6 Lo que es suyo

El Contenido del Usuario (cláusula 13) y los datos del centro siguen siendo suyos y del centro, respectivamente; la Empresa solo los trata conforme a la Política de Privacidad y al Anexo A. La exportación de la cláusula 19.4 entrega sus datos y sus archivos, no el código ni las plantillas del Servicio.

17. Privacidad y protección de datos

El tratamiento de datos personales en edubo se rige por la Política de Privacidad, que forma parte de estos Términos, y por la Ley 8968 y su Reglamento, a los que la Empresa, como sociedad costarricense, está sujeta de pleno derecho bajo la supervisión de la PRODHAB. En resumen: el centro educativo es el responsable de la base de datos de sus estudiantes, familias y personal; la Empresa es el encargado del tratamiento por cuenta del centro, conforme al Anexo A; y la Empresa es responsable de los datos estrictamente necesarios para administrar las cuentas, la seguridad, la facturación y el soporte.

Los datos se alojan y procesan en servidores de un proveedor de infraestructura ubicados en los Estados Unidos de América, que actúa como subencargado de la Empresa bajo un contrato escrito de tratamiento de datos con obligaciones de confidencialidad y seguridad no menos protectoras que las del Anexo A, conforme al Reglamento a la Ley 8968 (sección 7 de la Política de Privacidad); la Empresa entrega copia de las condiciones de protección de datos de ese contrato al centro, a la persona titular o a la autoridad que se la pida. Como garantía adicional frente al artículo 14 de la Ley 8968, al aceptar estos Términos y la Política de Privacidad usted autoriza expresamente ese alojamiento respecto de los datos de su cuenta. Esa autorización no alcanza a los datos sensibles, que requieren el consentimiento expreso y separado del artículo 9 de la Ley 8968 (sección 3 de la Política de Privacidad). Un dato sensible sobre su propia persona que forma parte de su relación con el centro, como el motivo de salud de una incapacidad o su comprobante, pertenece a la base de datos del centro, que es quien recaba ese consentimiento; adjuntar ese comprobante en edubo es siempre voluntario, y usted puede entregarlo en papel al centro. Respecto de los datos de estudiantes y familias, el centro educativo se obliga a recabar la autorización expresa de quienes ejercen su representación legal (Anexo B de la Política de Privacidad).

Si usted considera que sus datos no se tratan conforme a la ley, puede presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) de Costa Rica, sin perjuicio de dirigirse primero al centro educativo y a la Empresa.

18. Disponibilidad, mantenimiento y fuerza mayor

18.1 Disponibilidad y soporte

Hacemos esfuerzos razonables para que el Servicio esté disponible de forma continua. Un servicio en línea puede tener interrupciones breves; por eso esta cláusula dice a qué se obliga la Empresa en cada plan. En el plan Aula, que es gratuito, no se asume un compromiso de disponibilidad. Para una licencia Conecta pagada, la Empresa se obliga a que el Servicio esté disponible en los días lectivos (los días de lecciones del calendario escolar) del ciclo que la licencia cubre: si no lo está, por una causa que no sea ajena a la Empresa, durante más de veinticuatro (24) horas seguidas en días lectivos, usted tiene derecho a la devolución proporcional de la cláusula 8.2, y si la indisponibilidad supera los cinco (5) días lectivos seguidos, a terminar la licencia con la devolución proporcional de la cláusula 19.3, todo sin perjuicio de la reparación de los daños que la Ley 7472 le reconoce. Para las licencias Escuela y Red pagadas, un nivel de servicio medido (porcentaje de disponibilidad, tiempos de respuesta) existe cuando se pacta por escrito en el documento de contratación; mientras no se pacte, rige para ellas el mismo compromiso que para Conecta, y en todos los casos rigen la continuidad de la cláusula 19.3 y la garantía de la cláusula 20.1. La Empresa lleva un registro de las interrupciones del Servicio, con su inicio, su fin y su causa, y lo entrega a quien lo pida; ante un reclamo por indisponibilidad, le corresponde acreditar que el Servicio estuvo disponible. Esta cláusula regula la disponibilidad y no limita la responsabilidad de la Empresa por la seguridad de los datos, que es la misma en todos los planes, incluido Aula (cláusula 21.5). El soporte se brinda por los medios de la cláusula 27, en español y en días hábiles de Costa Rica, con respuesta escrita dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la consulta. El centro de ayuda de edubo está disponible en todo momento.

18.2 Mantenimiento y cambios

La Empresa puede interrumpir el Servicio para mantenimiento. El mantenimiento programado se realiza fuera del horario lectivo de Costa Rica y se avisa con al menos veinticuatro (24) horas de antelación en el centro de ayuda de edubo y, cuando el Servicio cuente con un aviso dentro de la aplicación, también ahí; el tiempo de un mantenimiento programado y avisado así no cuenta como indisponibilidad para la cláusula 18.1. El mantenimiento urgente por seguridad puede hacerse sin aviso previo, se informa después en el centro de ayuda y cuenta como indisponibilidad si supera las veinticuatro (24) horas seguidas en días lectivos. Podemos modificar, agregar o retirar funciones del Servicio con el aviso de la cláusula 24 y sin reducir lo que incluye una licencia ya pagada durante su vigencia (cláusula 7.1); cuando un cambio afecte de forma sustancial la manera de trabajar del centro procuraremos avisarlo con antelación dentro del Servicio o en el centro de ayuda. Realizamos copias de seguridad periódicas del Servicio; con todo, recomendamos al centro conservar sus propios respaldos y registros conforme a la normativa educativa.

18.3 Fuerza mayor y caso fortuito

Ninguna de las partes responde por el incumplimiento o el retraso de sus obligaciones (salvo las de pago ya vencidas) causados por fuerza mayor o caso fortuito en los términos del Código Civil, es decir, por un hecho imprevisible o que, previsto, no pudo evitarse, y ajeno a la parte afectada: entre otros, desastres naturales, incendios, cortes generales de energía o de telecomunicaciones que afecten al país o a la región, epidemias, huelgas generales, actos de guerra o de terrorismo, y actos u órdenes de autoridad. Una falla de los proveedores de infraestructura, alojamiento, mensajería o pagos de los que la Empresa se sirve para prestar el Servicio no es, por sí misma, fuerza mayor: la Empresa responde por ellos como por un hecho propio (cláusula 21.2), salvo que el hecho que afecte a ese proveedor sea a su vez de fuerza mayor en los términos de esta cláusula, lo que corresponde acreditar a la Empresa. Tampoco es fuerza mayor la elección, la configuración o la operación defectuosa de un proveedor por la parte que lo contrató. La parte afectada avisa a la otra en cuanto puede, mitiga los efectos y reanuda el cumplimiento cuando la causa cesa. Si la fuerza mayor impide prestar el Servicio durante más de quince (15) días seguidos, cualquiera de las partes puede terminar la licencia afectada con la devolución proporcional de la cláusula 19.3 por el tiempo no disfrutado.

18.4 Lo que el centro conserva

Una interrupción del Servicio no exime al centro de llevar sus registros oficiales y de cumplir los plazos de la normativa educativa por sus propios medios (cláusulas 6 y 11). Esta cláusula reparte los deberes del centro frente a la normativa educativa y no limita lo que las cláusulas 8.2, 18.1 y 21 reconocen a quien sufrió la interrupción.

19. Duración, suspensión y terminación

19.1 Duración

Estos Términos rigen desde que usted acepta y mientras exista su cuenta. Las licencias de los planes duran el ciclo lectivo que cubren, con la gracia de la cláusula 7.2; no se renuevan solas.

19.2 Cómo termina usted

Usted puede dejar de usar el Servicio en cualquier momento. Una persona docente o de dirección puede pedir a su centro que desactive su cuenta o, si administra la cuenta institucional, cerrar la cuenta del centro escribiéndonos conforme a la cláusula 27. Una familia o una persona estudiante no es titular de la base de datos del centro: para que su cuenta se desactive, o para pedir la supresión de sus datos, se dirige al centro, que es el responsable, o a la Empresa, que remite la solicitud conforme a la sección 10 de la Política de Privacidad. Las bajas de cuentas dentro de un centro son lógicas (la cuenta deja de poder entrar) y el historial escolar se conserva, porque el centro tiene que poder responder por él. Quien quiera eliminar los datos de los que la Empresa es responsable (su cuenta de entrada, sus sesiones, sus constancias de aceptación, sus pagos) lo pide a la Empresa, que los elimina o los anonimiza dentro de los plazos de la Política de Privacidad, salvo lo que la ley obligue a conservar.

19.3 Cómo suspende o termina la Empresa

Podemos suspender o cancelar una cuenta o una cuenta institucional, con aviso previo salvo que la urgencia, la ley o una investigación en curso lo impidan, cuando: (a) se incumplan estos Términos; (b) exista un riesgo para la seguridad del Servicio o de otras personas; (c) lo exija una autoridad competente; (d) no se pague una licencia conforme a la cláusula 7.7; o (e) la cuenta institucional permanezca inactiva por más de veinticuatro (24) meses, previo aviso al correo de contacto registrado.

También podemos descontinuar el Servicio en su conjunto con un aviso previo de al menos noventa (90) días. El cese no se produce, para ninguna licencia pagada, antes del 31 de enero siguiente al ciclo lectivo que esa licencia cubre (cláusula 7.2), salvo fuerza mayor conforme a la cláusula 18.3 o una orden de autoridad que lo impida; quien pagó una licencia puede, si lo prefiere, terminarla antes, desde el aviso, con la devolución proporcional que sigue. El aviso se envía por correo a la dirección registrada de cada cuenta institucional y a la de quien pagó cada licencia (la Junta de Educación, el colegio, la red, la docente o el patrocinador), conforme a las notificaciones de la cláusula 26, y se muestra dentro del Servicio. Desde el aviso, la exportación de la cláusula 19.4, incluida la copia completa, queda disponible hasta el cese y durante los noventa (90) días siguientes.

La devolución proporcional que estos Términos remiten a esta cláusula es el precio pagado por la licencia multiplicado por los días que falten desde la terminación hasta el 31 de enero siguiente al ciclo de la licencia, dividido entre los días que van desde el día de su pago o de su otorgamiento hasta ese mismo 31 de enero. La Empresa la paga dentro de los ocho (8) días naturales siguientes a la terminación, por el medio de la cláusula 8.4.

19.4 Exportación

Durante la vigencia de la cuenta, y durante los noventa (90) días siguientes a su cierre, el centro puede exportar sus registros en formatos de uso común (CSV, hoja de cálculo, PDF) desde las pantallas del Servicio. También puede pedir por escrito a la Empresa una copia completa de su base de datos y de sus archivos (fotografías, documentos) en un formato estructurado y legible, acompañada de un índice que permita verificar que está completa; la pide su dirección o, en un centro público, también su Junta de Educación o el ente que pagó la licencia. La Empresa la entrega dentro de los quince (15) días hábiles siguientes; en un centro público, la entrega a la dirección, como representante de la Administración responsable, con constancia de entrega a quien la pidió. La exportación no incluye el código ni las plantillas del Servicio, ni el contenido retirado por ilícito o puesto a disposición de una autoridad conforme a las cláusulas 13.7 y 15.

19.5 Eliminación

Vencido el plazo de exportación sin que el centro pida conservar la cuenta, la Empresa elimina la información del centro de los sistemas en producción, y las copias de seguridad se eliminan en su ciclo normal, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días adicionales, salvo lo que la ley, una orden de autoridad o un proceso en curso obliguen a conservar (por ejemplo, los comprobantes electrónicos y registros contables durante los plazos que exige la normativa tributaria, y las constancias de aceptación de estos Términos) y los datos agregados o anonimizados que no identifican a ninguna persona. La información de un centro público no se elimina mientras esté pendiente una solicitud de copia completa, ni antes de que la Empresa haya entregado esa copia a su dirección o haya recibido de la Administración la instrucción escrita de eliminarla, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Archivos (Ley 7202) y a la normativa de archivo que la rige. A solicitud del centro, la Empresa emite una constancia de eliminación. Si una persona usuaria deja el centro, sus datos siguen formando parte de la base de datos del centro bajo la responsabilidad de este, y los derechos de la persona se ejercen ante el centro conforme a la Política de Privacidad.

19.6 Supervivencia

Sobreviven a la terminación las cláusulas sobre propiedad intelectual, garantías, responsabilidad, indemnidad, cooperación con las autoridades, confidencialidad, ley aplicable y las obligaciones del Anexo A sobre devolución y eliminación.

20. Garantías

20.1 Lo que garantizamos

La Empresa garantiza que el Servicio funciona conforme a lo que describen estos Términos, la portada de edubo y el centro de ayuda, y que corregirá con diligencia los defectos que le sean reportados. Forman parte de lo garantizado, en particular: (a) que cada cuenta solo ve lo que su rol y su centro le permiten, conforme a la Política de Privacidad, y que una restricción de no compartir información registrada por el centro se aplica, desde que el centro la registra, a toda lectura que la persona restringida haga en el Servicio, incluidas las de sus sesiones abiertas; (b) que los archivos no tienen enlaces públicos y solo los abre quien tiene permiso para verlos; (c) que las tablas de evaluación nacionales que el Servicio trae cargadas reproducen las del reglamento vigente que el Servicio indica en cada una, y que la Empresa las corrige sin demora cuando se le reporta una diferencia o el Ministerio de Educación Pública las modifica; (d) que la nota de periodo que el Servicio calcula es la suma exacta, al centésimo, de los componentes de la tabla aplicada a esa materia, nacional o ajustada por el centro, con las evaluaciones y las notas que el centro registró, y que la banda de asistencia y los demás cálculos siguen las reglas que el Servicio y su centro de ayuda describen; (e) que la lista de quién puede retirar a un estudiante se muestra tal como el centro la registró, con la indicación de si está confirmada y desde cuándo (cláusula 11.5); y (f) que las bitácoras de la cláusula 13.10 se conservan y se entregan como allí se indica. Esta garantía es la que la Ley 7472 reconoce a las personas consumidoras, rige en todos los planes, incluido el gratuito, y no se reduce por contrato.

20.2 Lo que no es parte del Servicio

No es parte del Servicio, y por eso no está cubierto por la garantía: la exactitud de la información que registran el centro y las personas usuarias; la decisión del centro de ajustar o armar una tabla de evaluación y su conformidad con la normativa educativa; la verificación de las cifras por el centro antes de transcribirlas a un registro oficial o de decidir sobre una persona estudiante (cláusula 11); la verificación de la identidad de una persona y de la vigencia de su autorización al entregar a un estudiante, que son actos del centro (cláusula 11.5); el cumplimiento de la normativa educativa, que es del centro; ni la conexión a internet, los dispositivos y los proveedores que usted o el centro contratan para conectarse (su operador de telecomunicaciones, su equipo, su red). Lo anterior no excluye la garantía sobre el funcionamiento del Servicio: si el Servicio muestra una información o una imagen a una cuenta que, según lo que el centro registró, no debía verla, eso es un defecto del Servicio. Las interrupciones breves que la Empresa corrige con prontitud no son un defecto; las que superan el umbral de la cláusula 18.1 dan derecho a lo que esa cláusula y la cláusula 8.2 establecen. Si una función no se comporta como se describe, avísenos por los medios de la cláusula 27: la corregiremos y, si no lo hacemos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aviso, procede lo dispuesto en la cláusula 8.2, sin perjuicio de la reparación de los daños que un defecto del Servicio cause conforme a la cláusula 21.

20.3 Funciones en prueba

Las funciones marcadas como «en prueba» o «vista previa» se ofrecen para que el centro las conozca y pueden cambiar; no deben usarse como único soporte de un proceso del centro (cláusula 11.8).

21. Responsabilidad de la Empresa

21.1 Frente a las personas consumidoras

La Empresa responde ante usted, conforme al artículo 35 de la Ley 7472 y al Código Civil de Costa Rica, por los daños y perjuicios que le cause el Servicio, la información inadecuada o insuficiente sobre él, su utilización o sus riesgos, un incumplimiento de estos Términos o su propio hecho, sin tope contractual y con independencia de la existencia de culpa cuando así lo dispone esa ley. Conforme a ese mismo artículo, la Empresa se libera únicamente si demuestra que fue ajena al daño, como puede ocurrir cuando su causa exclusiva es la culpa de la propia persona afectada, el hecho de un tercero o la fuerza mayor (cláusulas 18.3 y 21.2). El centro educativo y la persona usuaria que registra o sube un contenido no actúan por cuenta ni bajo la dirección de la Empresa. Cuando un daño tenga a la vez una causa en el hecho de ellos y otra en el Servicio o en un hecho de la Empresa, la Empresa responde por la parte que corresponda a su contribución, salvo que la ley le imponga frente a usted responder por el todo, y sin perjuicio de su derecho de repetir contra quien causó el resto.

21.2 Causas ajenas a la Empresa

Conforme al artículo 35 de la Ley 7472 y al Código Civil, la Empresa no responde por un daño cuando demuestra que le fue ajeno. Pueden serlo, y corresponde a la Empresa acreditarlo en cada caso cuando se le reclame: la información inexacta, incompleta o desactualizada que registre el centro o una persona usuaria, incluida la que el centro no actualizó pese a lo que una familia le comunicó; el contenido que suban las personas usuarias, incluidos los documentos, los datos, las fotografías, los videos y los audios, y la falta de los derechos o de las autorizaciones para subirlo o compartirlo (cláusula 13); la tabla de evaluación que el centro ajustó o armó y las calificaciones, las promociones y las reprobaciones que el centro consignó a partir de ella (cláusulas 6 y 11); un vínculo, una restricción o una persona autorizada a retirar a un estudiante registrados tarde, mal o no registrados por el centro, cuando el Servicio aplicó lo registrado tal como se registró y el retraso no se debe a que la Empresa dejó de trasladar a tiempo un aviso que recibió (cláusulas 6, 11.5 y 11.9); la decisión del centro de entregar a un estudiante sin la verificación de identidad y de vigencia que corresponde a sus protocolos (cláusula 11.5); la transcripción de una cifra a un registro oficial sin verificarla y el uso de los avisos como único canal o como notificación formal (cláusulas 11.1 y 11.6); las fallas de la conexión a internet, de los dispositivos y de los proveedores que usted o el centro contratan por su cuenta (su operador de telecomunicaciones, su equipo, su red, su banco o su proveedor de pagos); los accesos hechos con credenciales que su titular entregó, compartió o dejó al alcance de otra persona; y el hecho de la propia persona afectada o de otra persona, incluida la conducta de quien incumple una medida de protección o una resolución judicial.

No son causas ajenas a la Empresa, y por ellas responde conforme a la cláusula 21.1: un defecto del Servicio o una información insuficiente de la Empresa sobre él; el acceso a un dato, o su exhibición, que el propio Servicio permitió por una regla de acceso, un rótulo o un defecto del programa contrarios a la Política de Privacidad; una falla de seguridad del Servicio (cláusula 21.5); el hecho de los proveedores que la Empresa elige y contrata para prestar el Servicio (infraestructura, alojamiento, mensajería o pagos), que no son terceros ajenos a ella y por los que responde como por el propio, sin perjuicio de repetir contra ellos y salvo la fuerza mayor de la cláusula 18.3; y no haber actuado dentro de los plazos de las cláusulas 13.7 y 13.8 después de conocer un contenido ilícito o una imagen sin autorización. Cuando un daño tenga a la vez una causa ajena y otra que no lo es, se aplica la última oración de la cláusula 21.1. Esta cláusula describe hechos y no presume ninguno, ni altera la carga de la prueba que la ley impone a la Empresa.

21.3 Entre la Empresa y una organización que no es consumidora

Cuando una red, una organización o un centro educativo privado que no actúa como destinatario final en los términos de la Ley 7472 contrata Escuela o Red mediante un contrato escrito aparte, negociado entre las partes, la responsabilidad total acumulada de la Empresa frente a esa organización, por cualquier causa, no excederá el mayor entre (a) el monto efectivamente pagado a la Empresa por el Servicio durante los doce (12) meses anteriores al hecho que originó la reclamación y (b) cincuenta mil colones (₡50.000), y no comprenderá el lucro cesante ni los daños indirectos. Este tope no aplica a ninguna persona consumidora, incluido el centro educativo privado que contrata como destinatario final (cláusula 1.3); en ningún caso frente a una familia, una persona estudiante o cualquier otra persona que no es parte de ese contrato (cláusula 21.6); a las Juntas de Educación ni a ningún otro ente público, frente a los cuales la Empresa responde sin este tope conforme a la Ley General de la Administración Pública, a la Ley 9986 y al Código Civil; ni a los daños a la vida, a la salud o a la integridad de las personas, al dolo, a la culpa grave, a una falla de seguridad del Servicio (cláusula 21.5), al cumplimiento defectuoso ni a la mora, en los términos del artículo 42 de la Ley 7472 y del artículo 1023 del Código Civil.

21.4 Lo que nunca se limita

Nada en estos Términos excluye ni limita la responsabilidad de la Empresa por dolo o culpa grave, por daños a la vida, a la salud o a la integridad de las personas, por sus obligaciones como encargado del tratamiento conforme a la Ley 8968 y su Reglamento, ni ninguna otra responsabilidad que la ley no permita limitar. Frente a las personas consumidoras rigen además, con plena vigencia, la Ley 7472, el artículo 1023 del Código Civil y las demás normas de orden público de Costa Rica.

21.5 Las fallas de seguridad son hecho propio de la Empresa

Una vulnerabilidad del Servicio que permita a una persona acceder a datos fuera del alcance de su rol, o que provoque su pérdida, su alteración o su divulgación, es un hecho propio de la Empresa y no una causa ajena de la cláusula 21.2, aunque la haya explotado un tercero: la Empresa responde por ella ante las personas afectadas y ante el centro conforme a la ley, en particular al artículo 10 de la Ley 8968 y, frente a las personas consumidoras, a la cláusula 21.1, sin tope contractual y sin perjuicio de repetir contra quien la explotó. Ante una falla de seguridad, la Empresa la contiene de inmediato, la corrige, conserva las bitácoras relacionadas y avisa al centro conforme al Anexo A. Cuando el centro no tenga dirección registrada, no responda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al aviso o no pueda notificar dentro del plazo legal, la Empresa informa directamente, por cuenta del centro, a las personas afectadas, con los datos de contacto que el centro registró, y a la PRODHAB, dentro del plazo que fija el Reglamento a la Ley 8968, y deja constancia de cada aviso. Cada persona afectada puede pedir a la Empresa, y recibir por escrito, qué datos suyos quedaron expuestos, durante cuánto tiempo y lo que las bitácoras registren sobre quién los consultó. Las cláusulas 18.1 y 20.2 regulan la disponibilidad y los errores de funcionamiento, y no limitan esta responsabilidad.

21.6 Las personas que no son parte

Las cláusulas 20, 21 y 22 regulan la relación entre la Empresa y quien aceptó estos Términos. Frente a una persona que no es parte de este contrato, incluida la persona cuyos datos otra registró en el Servicio, la Empresa no opone ninguna de esas cláusulas: responde conforme a la ley por su hecho propio, atiende las solicitudes sobre sus datos personales conforme a la sección 10 de la Política de Privacidad sin exigirle una cuenta en el Servicio, y atiende su aviso conforme a la cláusula 13.7, sin perjuicio de repetir contra quien registró los datos o causó el daño.

22. Responsabilidad frente a terceros e indemnidad

22.1 El centro educativo privado, la red y el patrocinador

El centro educativo privado (y la red, respecto de su propia cuenta, y el patrocinador, respecto de lo que contrata) se obliga a mantener indemne a la Empresa, a sus accionistas, administradores, personeros, empleados y agentes frente a toda reclamación, demanda, daño, costo y gasto razonable (incluidos los honorarios de abogado y las costas) que se deriven de: (a) el incumplimiento de las responsabilidades de la cláusula 6 o del Anexo A, en particular la falta de los consentimientos o autorizaciones necesarios para tratar datos personales, documentos o la imagen de personas menores de edad, o un vínculo o una restricción registrados tarde, mal o no registrados; (b) la inexactitud o la falsedad de la información registrada por el centro o por su personal; (c) el uso del Servicio por su personal en violación de estos Términos o de la ley; (d) una reclamación de un estudiante, una familia, un trabajador o una autoridad relacionada con el cumplimiento de la normativa educativa por parte del centro; o (e) una reclamación de un tercero, incluidas las de derechos de autor, de imagen, de intimidad, de honor o de protección de datos, por el contenido que su personal haya registrado o subido a edubo.

Esta obligación no comprende los daños ni los gastos que se originen en un defecto del Servicio, en un incumplimiento de la Empresa (en particular, de sus deberes como encargado del tratamiento o de seguridad, cláusula 21.5) o en su dolo o culpa grave: por ellos responde la Empresa, que mantiene indemne al centro con el mismo alcance. Cuando en un mismo hecho concurran la responsabilidad del centro y la de la Empresa, cada parte asume la proporción que corresponda a su participación, conforme al Código Civil. Las sanciones administrativas no se trasladan por esta cláusula: las soporta quien comete la falta. Si la Empresa es demandada o requerida por un hecho del centro, se lo comunica dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes y puede llamarlo al proceso conforme a la ley procesal; solo se reembolsan los honorarios y los gastos razonables acreditados con sus comprobantes.

Esta cláusula no se aplica a un centro educativo privado que actúe como persona consumidora conforme a la cláusula 1.3, a ninguna persona física que use el Servicio como persona consumidora ni a ninguna persona funcionaria que lo use en ejercicio de sus funciones, aunque haya creado o administre la cuenta institucional de su centro: respecto de ellos rigen únicamente las cláusulas 21, 22.2 y 22.3 y la ley. La persona que aceptó estos Términos en nombre de una organización sin facultades para obligarla responde conforme a la cláusula 2.2, y no por esta cláusula.

22.2 El centro educativo público

Frente a un centro educativo público, su Junta de Educación o cualquier otro ente público no rige la obligación de mantener indemne de la cláusula 22.1: la responsabilidad entre la Empresa y la Administración se determina conforme a la Ley General de la Administración Pública, según la cual la Administración responde por el funcionamiento de sus servicios y sus funcionarios por su dolo o culpa grave, y, en lo que toca a una contratación, conforme a la Ley 9986; por esas vías puede la Empresa reclamar el daño que un hecho de la Administración le cause. Ninguna cláusula de estos Términos compromete fondos públicos sin el procedimiento que la ley exige. Quien aceptó estos Términos o contrató en nombre de una Junta de Educación u otro ente público sin las facultades para hacerlo responde conforme al régimen de responsabilidad de la persona funcionaria que establece la Ley General de la Administración Pública.

22.3 Las personas usuarias

Toda persona usuaria responde frente a la Empresa y frente a terceros por los daños y perjuicios que cause con su propio hecho en el uso del Servicio, conforme al artículo 1045 del Código Civil, incluidos los que cause al registrar datos falsos o de terceros sin autorización, al subir un contenido que infrinja derechos de terceros o al compartir un contenido con quien no correspondía. Si la Empresa debe pagar a un tercero por un hecho de una persona usuaria, puede repetir contra ella lo pagado, en los términos de la ley. Respecto de las personas consumidoras, esta cláusula no impone ninguna obligación distinta de la responsabilidad que la ley les atribuye por sus propios actos, ni honorarios ni deber de defensa, y no implica renuncia alguna a los derechos que la Ley 7472 les reconoce. La Empresa no repite por contrato contra una persona estudiante menor de edad ni contra quien ejerce su representación legal sin haber aceptado estos Términos: lo que pueda exigírseles por un hecho propio lo determina únicamente la ley civil.

23. Ley aplicable y resolución de conflictos

23.1 Ley aplicable

Estos Términos se rigen e interpretan conforme a las leyes de la República de Costa Rica, con las normas de orden público por delante: la Ley 7472, la Ley 8968, el Código de la Niñez y las demás normas imperativas que protegen a las personas consumidoras y a las personas menores de edad. Ninguna cláusula de estos Términos remite a una ley extranjera ni se interpretará como una renuncia a esos derechos.

23.2 Primero, hablemos

Si tiene un problema con el Servicio, le pedimos que nos lo cuente primero por los medios de la cláusula 27: acusamos recibo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y le respondemos por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes; la mayoría de las diferencias se resuelven así. Para las personas consumidoras este paso es voluntario y no condiciona ni retrasa su derecho de acudir a la Comisión Nacional del Consumidor, a la PRODHAB o a los tribunales en cualquier momento, ni interrumpe ningún plazo legal. Una persona docente que contrató un plan a título personal reclama directamente a la Empresa, sin necesidad de pasar por la dirección de su centro. Entre la Empresa y un centro educativo privado, una red u otra organización que contrató por documento aparte y no actúa como persona consumidora, las partes se obligan a intentar una solución de buena fe durante treinta (30) días antes de iniciar un proceso, y pueden acordar una conciliación o una mediación conforme a la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley 7727), ante un centro autorizado por el Ministerio de Justicia y Paz.

23.3 Jurisdicción

Para las personas consumidoras, las denuncias y las acciones pueden presentarse ante la Comisión Nacional del Consumidor, ante la PRODHAB y ante los tribunales de justicia de Costa Rica, incluidos los de su propio domicilio; la Empresa no opondrá a una persona consumidora su domicilio ni ninguna regla de competencia territorial pactada en estos Términos, y nada en ellos limita esos derechos.

Para las diferencias entre la Empresa y un centro educativo privado, una red u otra organización que no actúa como persona consumidora, son competentes los tribunales de justicia de la República de Costa Rica con sede en el Primer Circuito Judicial de San José, conforme a las reglas de competencia territorial prorrogable del Código Procesal Civil (Ley 9342). Las partes pueden, además, pactar por escrito un arbitraje de derecho conforme a la Ley de Arbitraje (Ley 8937), nunca impuesto a una persona consumidora. La Empresa puede solicitar medidas cautelares ante cualquier tribunal competente para proteger sus derechos de propiedad intelectual o la seguridad del Servicio.

Las diferencias entre la Empresa y una Junta de Educación, una Junta Administrativa u otro ente público se rigen por la Ley General de la Administración Pública y por la Ley 9986, y se resuelven ante la jurisdicción que la ley determine, sin que se oponga lo dicho en esta cláusula; un arbitraje con un ente público solo procede conforme a esas leyes. La Empresa ofrece a todo ente público el mismo intento de solución de la cláusula 23.2 durante treinta (30) días, sin que sea condición para acudir a la vía que la ley le reconoce.

24. Cambios a estos Términos

Podemos modificar estos Términos, las condiciones de los planes y las funciones del Servicio para reflejar cambios en el Servicio, en la ley o en nuestras prácticas. Es sustancial todo cambio que quite o reduzca una función de un plan, aumente un precio o modifique las devoluciones, las responsabilidades de las partes, la ley aplicable, la jurisdicción o esta cláusula; en caso de duda, el cambio se considera sustancial. Un cambio sustancial se avisa con al menos quince (15) días de antelación por correo electrónico a la dirección registrada en la cuenta, cuando la tenga, y en esta página; los cambios menores, que no cambian ningún derecho ni ninguna obligación (una aclaración, una corrección de redacción), pueden entrar en vigencia al publicarse. Un cambio nunca se aplica con efecto retroactivo ni modifica unilateralmente lo que una licencia ya pagada incluye, su precio ni su duración durante su vigencia (cláusula 7.1); un cambio sustancial en las condiciones de un plan rige para una licencia ya pagada únicamente desde el ciclo lectivo siguiente.

Cada versión de estos Términos lleva la fecha en que entra en vigencia, que se publica en esta página, y el Servicio registra qué versión aceptó cada cuenta y cuándo. Durante el plazo del aviso usted sigue usando el Servicio con la versión que aceptó y puede exportar su información conforme a la cláusula 19.4. Desde la fecha de vigencia, para seguir usando el Servicio deberá aceptar la versión nueva la próxima vez que entre. Si tiene una licencia pagada y no está de acuerdo con un cambio sustancial, puede, sin aceptar la versión nueva y sin plazo de caducidad, pedir por los medios de la cláusula 27 la terminación de su licencia con la devolución proporcional de la cláusula 19.3 y la exportación de su información; la Empresa lo confirma por escrito, le entrega la exportación y acredita la devolución en el plazo de la cláusula 8.4. Del mismo modo, la dirección de un centro que no acepte la versión nueva conserva, sin aceptarla, el derecho a la copia completa de la información de su centro (cláusula 19.4), y esa información no se elimina sino conforme a la cláusula 19.5. Aceptar una versión nueva no implica renunciar a nada de lo que su licencia incluía al contratarla ni a los derechos que la versión entonces vigente le reconocía respecto de esa licencia (cláusula 7.1). Si no está de acuerdo con la versión nueva, puede además dejar de usar el Servicio en cualquier momento (cláusula 19.2).

25. La aplicación para teléfonos y las tiendas

La App es la misma edubo que usted usa en la web, distribuida a través de la App Store de Apple y de Google Play cuando esté disponible en ellas; mientras no lo esté, el acceso es por la web. La App se le licencia, no se le vende, con el alcance de la cláusula 16.2, y se rige por estos Términos.

Actualizaciones. Para proteger la seguridad y la compatibilidad del Servicio, la Empresa puede fijar una versión mínima de la App; una versión anterior deja de poder entrar y la App le pide actualizarla. Antes de retirar una versión, la Empresa la mantiene en funcionamiento durante al menos treinta (30) días desde que publica la nueva, salvo una vulnerabilidad de seguridad que exija retirarla antes. La web sigue disponible siempre con la misma cuenta, así que una actualización pendiente nunca le impide usar el Servicio.

Permisos del dispositivo. La App pide acceso a la cámara y a las fotos únicamente cuando usted elige adjuntar una fotografía o un documento, y a las notificaciones del dispositivo únicamente cuando usted toca «Activar» los avisos en el teléfono, para avisarle de mensajes, comunicados, avisos de ausencia y otros hechos del centro; esos avisos dicen qué pasó y de quién, nunca el contenido de un mensaje, y cada tipo se apaga desde la App. Puede negar o revocar esos permisos desde la configuración del teléfono; la App sigue funcionando sin ellos, salvo la función que dependa del permiso.

Sin compras dentro de la App. Los planes de edubo se contratan y se pagan únicamente a través de la web de edubo (cláusula 7); la App no ofrece compras dentro de la aplicación ni cobra a través de las tiendas.

Vista previa en el navegador. La versión de la App que se muestra en un navegador es una vista previa para ver cómo se ve, no un producto: no ofrece las medidas de seguridad del dispositivo y no debe usarse en computadoras compartidas.

Además, cuando descarga la App de la App Store de Apple o de Google Play, usted acepta las condiciones de uso de esa tienda, y aplica lo siguiente, que esas tiendas exigen incluir:

• Estos Términos se celebran entre usted y la Empresa, no con Apple Inc. ni con Google LLC, y la Empresa es la única responsable de la App y de su contenido.
• La licencia sobre la App es limitada, no transferible, para usarla en dispositivos de su propiedad o bajo su control conforme a las reglas de uso de la tienda correspondiente.
• Apple y Google no tienen obligación de brindar mantenimiento ni soporte de la App. Si la App no cumple una garantía aplicable, usted puede avisar a la tienda, que podrá reembolsar el precio de compra de la App (si lo hubiera); la tienda no tendrá ninguna otra obligación de garantía.
• La Empresa, y no la tienda, es responsable de atender cualquier reclamación suya o de un tercero relacionada con la App, incluidas las de responsabilidad por producto, de incumplimiento de normas legales o de protección al consumidor, y las de propiedad intelectual.
• Como condición de las tiendas, usted declara que no se encuentra en un país sujeto a un embargo del Gobierno de los Estados Unidos ni designado como «país que apoya el terrorismo», y que no figura en ninguna lista de personas restringidas o prohibidas de ese Gobierno.
• Apple Inc. y sus subsidiarias son terceros beneficiarios de estos Términos respecto de la App y, al aceptarlos, tienen derecho a hacerlos valer frente a usted.

26. Disposiciones generales

• Idioma. Estos Términos, la Política de Privacidad y sus anexos se redactan y se celebran en español, que es el idioma del Servicio. Si la Empresa publica una traducción, es solo para facilitar la lectura: en caso de diferencia prevalece la versión en español. Las palabras de la interfaz del Servicio (los nombres de botones, menús y pantallas) pueden estar escritas en el trato coloquial costarricense; eso no cambia el sentido de estos Términos.
• Acuerdo completo y prelación. Estos Términos, la Política de Privacidad, el Anexo A, las condiciones de los planes publicadas en edubo y la información de la portada vigente al contratar constituyen el acuerdo entre usted y la Empresa sobre el Servicio. Lo que la Empresa anuncia públicamente sobre edubo la obliga en los términos de la Ley 7472. Si hay contradicción entre los documentos, prevalecen en este orden: (1) las normas de orden público de Costa Rica; (2) el contrato escrito firmado con un centro educativo, una red u otra organización, en lo que expresamente modifique estos Términos sin reducir los derechos de las personas consumidoras; (3) el Anexo A, respecto del tratamiento de datos por cuenta del centro; (4) estos Términos; (5) la Política de Privacidad; y (6) las condiciones de los planes y las ofertas publicadas en el Servicio. Rige la versión de cada documento que usted aceptó, identificada por su fecha de vigencia, con lo que la cláusula 24 conserva para una licencia ya pagada.
• Interpretación. Estos Términos son un contrato de adhesión. Cualquier duda sobre su alcance se interpreta conforme a la ley costarricense y, cuando usted es una persona consumidora o la parte adherente, de la manera más favorable para usted, conforme a la Ley 7472.
• Divisibilidad. Si una cláusula se declara inválida o inaplicable, se aplicará en la medida permitida y el resto conservará plena vigencia.
• No renuncia. Que la Empresa no ejerza un derecho no implica que renuncie a él.
• Cesión y sociedad en constitución. Usted no puede ceder estos Términos sin nuestro consentimiento escrito. La Empresa puede cederlos a la sociedad anónima una vez inscrita, a una sociedad del mismo grupo de interés económico o sucesora, o en el marco de una transformación, una fusión o cualquier otra reorganización societaria o venta de activos conforme a la ley, avisándole con al menos treinta (30) días de antelación; sus derechos no se reducen por esa cesión, y los datos personales se transfieren al cesionario conforme a la sección 6 de la Política de Privacidad. Lo actuado en nombre de la sociedad antes de su inscripción se rige por el Código de Comercio y por la cláusula 1.2.
• Notificaciones. Las notificaciones a la Empresa se envían a los datos de contacto de la cláusula 27, en Costa Rica. Las notificaciones a usted se envían al correo electrónico registrado en su cuenta y, además, se muestran dentro del Servicio la próxima vez que entra; se tienen por recibidas cuando usted puede razonablemente acceder a ellas, y nunca antes de que se muestren dentro del Servicio. Cuando quien pagó una licencia no tiene cuenta en el Servicio (una Junta de Educación u otro ente público, un patrocinador u otra organización), los avisos que afecten esa licencia se envían además al correo indicado en la cotización aceptada, en la orden de compra o en la factura, y se tienen por recibidos cuando llegan a ese correo, con la fuerza probatoria que la Ley 8454 reconoce al documento electrónico. Un aviso que cambie un precio, una condición del plan o estos Términos se da con la antelación de la cláusula 24.
• Relación entre las partes. La Empresa y usted son partes independientes; estos Términos no crean una sociedad, una agencia ni una relación laboral, y la Empresa no tiene relación de agencia, comisión ni representación con ningún funcionario público ni con ningún miembro del personal de un centro.
• Supervivencia. Las cláusulas que por su naturaleza deben sobrevivir a la terminación siguen vigentes conforme a la cláusula 19.6.
• Títulos y resumen. Los títulos de las cláusulas sirven para facilitar la lectura. El resumen en lenguaje claro no forma parte del contrato y no sustituye sus cláusulas; con todo, lo que en él se afirma sobre lo que la Empresa hace y garantiza es información sobre el Servicio que la obliga en los términos de la Ley 7472, como la de la portada, y si una cláusula pareciera decir menos que el resumen prevalece la lectura más favorable a la persona consumidora.

27. Contacto

Para notificaciones legales, solicitudes, reclamos, denuncias, soporte y el ejercicio de sus derechos sobre datos personales, usted puede dirigirse directamente a la Empresa, sin pasar por el centro educativo, por los medios que se indican a continuación en cuanto estén publicados; mientras no lo estén, rige el párrafo que sigue a esos datos. Los avisos de un contenido o de una imagen (cláusula 13.7) y las notificaciones y contranotificaciones de derechos de autor (cláusula 13.8) se dirigen al representante designado que se indica al final:

• Razón social: - · Cédula jurídica: - (sociedad anónima en proceso de constitución conforme a las leyes de Costa Rica; el nombre y la cédula se publican en esta página en cuanto queden inscritos en el Registro Nacional). Mientras tanto, la Empresa no cobra ni factura ningún plan (cláusula 1.2 de los Términos).
• Domicilio social: San José, Costa Rica. La dirección exacta para notificaciones se publica en esta página con el lanzamiento comercial.
• Correo para avisos legales, reclamos y soporte: se publica en esta página con el lanzamiento comercial. Mientras no esté publicado, puede presentar por escrito cualquier solicitud, reclamo o aviso dirigido a la Empresa ante la dirección del centro educativo con el que se relaciona, para que lo haga llegar a la Empresa. Esa vía es adicional y voluntaria: la Empresa tiene su solicitud por recibida desde que usted la presentó en el centro, la atiende con independencia de lo que opine el centro, y nada de esto limita su derecho de acudir directamente a la Comisión Nacional del Consumidor, a la PRODHAB o a los tribunales.
• Correo del encargado de privacidad: se publica en esta página con el lanzamiento comercial. Mientras tanto, las solicitudes sobre datos personales se presentan por la vía indicada para el correo de avisos legales.
• Representante designado para avisos de contenido y de derechos de autor (cláusulas 13.7 y 13.8): se publica en esta página con el lanzamiento comercial. Mientras tanto, un aviso de contenido o una notificación de derechos de autor puede presentarse por la vía indicada para el correo de avisos legales, con los mismos efectos. Un aviso sobre un contenido que pueda mostrar a una persona menor de edad en una situación de abuso no necesita pruebas: basta indicar dónde está, sin descargarlo, reenviarlo ni adjuntarlo (cláusula 13.7).

Mientras el correo para avisos legales no esté publicado en esta cláusula, ninguna cláusula de estos Términos le exige avisar a la Empresa como condición para ejercer un derecho ni para que la Empresa responda, y cualquier solicitud, reclamo o aviso, incluidos los de las cláusulas 13.7 y 13.8, puede presentarse por la vía del centro educativo que se indica en los datos de contacto, con los efectos que allí se dicen: entre ellos, que los plazos que corren a su favor se cuentan desde que usted lo presentó en el centro.

Si usted pertenece a un centro educativo, muchas gestiones sobre los datos que el centro registra (su ficha, su cuenta dentro del centro, sus credenciales) las resuelve más rápido la dirección de su centro, que es la responsable de esa información dentro de edubo; ese camino es una opción y nunca una condición para dirigirse a la Empresa. Cualquier persona, tenga o no una cuenta, puede dirigirse a la Empresa por los medios de esta cláusula para ejercer los derechos que la Ley 8968 le reconoce, que la Empresa atiende conforme a la sección 10 de la Política de Privacidad; para avisar de un contenido o de una imagen conforme a la cláusula 13.7; o para reportar un incidente o una vulnerabilidad de seguridad, que la Empresa atiende siempre directamente, sin remitirlo a ningún centro y sin perjuicio del aviso al centro que prevé el Anexo A. Los reclamos sobre un plan que usted pagó, el retracto, las devoluciones y los comprobantes se dirigen siempre a la Empresa.